La tensión política entre el Municipio de Quito y el Ejecutivo nacional escala. El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, anunció que se sumará a las demandas de inconstitucionalidad contra la denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Durante la inauguración de las Olimpiadas Barriales, el burgomaestre fue enfático al advertir que la normativa podría afectar gravemente servicios esenciales que presta el Municipio de Quito. “No seré yo el alcalde que destroce el sistema de educación, el sistema de cultura ni la promoción que hacemos en otros temas”, declaró ante la prensa el 21 de febrero de 2026.
La postura de Muñoz abre un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía financiera de los gobiernos locales y el alcance de las reformas económicas impulsadas desde el Ejecutivo.
¿Qué establece la Ley de los GAD?
La Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados obliga a municipios y prefecturas a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión pública y no más del 30 % a gasto corriente, rubro que incluye salarios y funcionamiento administrativo.
El proyecto fue enviado por el presidente Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga a la Asamblea Nacional del Ecuador a tramitarlo en un plazo máximo de 30 días. Finalmente, el pleno aprobó la normativa el pasado viernes y el mandatario ordenó su publicación en el Registro Oficial.
Desde el oficialismo se argumenta que la ley busca ordenar el gasto público y priorizar la inversión, evitando que gran parte de los recursos se destinen a sueldos y estructura burocrática. Sin embargo, desde varios municipios se advierte que la aplicación rígida de estos porcentajes podría afectar programas sociales consolidados.
Muñoz advierte impactos en educación, cultura y deporte
El alcalde capitalino sostiene que la norma no tomó en cuenta la experiencia de los gobiernos locales en la gestión territorial. Según afirmó, la ley podría debilitar programas municipales que no siempre encajan en la categoría de “inversión”, pero que resultan fundamentales para el bienestar ciudadano.
Muñoz defendió particularmente la inversión en deporte como una política pública estratégica. Según cifras del Municipio de Quito, cerca de 500.000 personas participan en actividades deportivas promovidas por la administración local.
“Mientras más invertimos en deporte, menos invertimos en salud”, aseguró el alcalde, al destacar que estas iniciativas reducen factores de riesgo como la violencia y el consumo de drogas entre jóvenes.
Para la Alcaldía, el problema radica en que el gasto destinado a entrenadores, logística, mantenimiento de escenarios y organización de actividades podría clasificarse como gasto corriente, limitando su ejecución bajo la nueva normativa.
Se alistan demandas de inconstitucionalidad
Muñoz señaló que usuarios de programas municipales y distintos sectores estarían preparando acciones legales contra la ley. Incluso anticipó que podría convertirse en una de las normativas con mayor número de demandas de inconstitucionalidad en el país.
El argumento central de quienes cuestionan la reforma es que vulneraría la autonomía financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, principio reconocido en la Constitución ecuatoriana. Según esta visión, establecer porcentajes obligatorios desde el Ejecutivo limitaría la capacidad de cada territorio para decidir cómo distribuir sus recursos de acuerdo con sus propias realidades y prioridades.
La decisión del alcalde de Quito de sumarse a estas acciones judiciales refuerza el pulso político entre el Municipio capitalino y el Gobierno central.
Reacciones políticas y debate nacional
La reforma ha generado protestas y críticas desde sectores de oposición, que consideran que la medida impone un modelo uniforme sin tomar en cuenta las diferencias entre municipios grandes y pequeños.
En contraste, el oficialismo sostiene que la ley promueve eficiencia, transparencia y disciplina fiscal, al garantizar que la mayor parte de los recursos públicos se destine a obras y proyectos de impacto directo.
El debate también gira en torno a la definición de “inversión”. Para algunos expertos, programas culturales, deportivos o educativos pueden tener efectos estructurales de largo plazo y deberían considerarse inversión social. Otros sostienen que el control del gasto corriente es necesario para evitar el crecimiento excesivo de la nómina pública.
En este contexto, la discusión no solo es jurídica, sino también política y técnica.
Autonomía local en el centro del conflicto
El caso de Quito tiene especial relevancia por tratarse del municipio con mayor presupuesto del país. La administración capitalina maneja programas masivos en cultura, movilidad, inclusión social y deporte, lo que implica una estructura operativa compleja.
Para Muñoz, la ley podría afectar directamente la continuidad de estos servicios. Desde su perspectiva, imponer límites rígidos podría obligar a recortes en áreas sensibles o a reestructuraciones administrativas apresuradas.
La eventual resolución de las demandas de inconstitucionalidad será clave para definir el alcance real de la normativa. De prosperar los recursos legales, la Corte Constitucional podría establecer criterios sobre cómo equilibrar la disciplina fiscal con la autonomía territorial.
Un debate que trasciende Quito
Aunque el pronunciamiento más visible ha sido el del alcalde capitalino, la preocupación se extiende a otros gobiernos locales. Prefecturas y municipios de distintas tendencias políticas analizan el impacto financiero que tendrá la aplicación de la ley en sus presupuestos anuales.
El desenlace de este conflicto marcará un precedente sobre la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos seccionales, así como sobre los límites de las leyes económicas urgentes cuando afectan competencias descentralizadas.
Mientras tanto, el alcalde de Quito mantiene firme su postura: no respaldará una normativa que, a su juicio, ponga en riesgo programas sociales clave para la ciudad.
