El presidente Daniel Noboa envió al Registro Oficial la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), una normativa que transforma la estructura del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en Ecuador. Con esta decisión, la denominada regla 70/30 queda lista para su publicación y entrada en vigencia, marcando un giro en la política fiscal aplicada a municipios y prefecturas.
La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2026 con 77 votos del oficialismo y sus aliados. El Ejecutivo no presentó objeciones al texto, por lo que procedió a su sanción y envío para el trámite final. La nueva disposición busca garantizar mayor inversión en obras y servicios básicos, priorizando el desarrollo territorial sobre el gasto corriente.
¿En qué consiste la regla 70/30?
La esencia de la ley radica en una fórmula clara: los GAD deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto a gasto no permanente, es decir, inversión y mantenimiento de infraestructura. El 30% restante podrá utilizarse en gasto corriente, que incluye sueldos y funcionamiento administrativo.
Este cambio implica que los gobiernos locales tendrán que reorganizar sus finanzas para priorizar proyectos de impacto directo en la ciudadanía. Entre las áreas consideradas prioritarias están el agua potable, saneamiento, alcantarillado, vialidad urbana e infraestructura básica.
El objetivo central es fortalecer la inversión pública en sectores que históricamente han presentado brechas, especialmente en zonas rurales y periféricas. Según el Gobierno, esta medida permitirá que los recursos transferidos desde el Estado central se traduzcan en obras concretas y mejoras visibles para la población.
Disciplina fiscal sin eliminar la autonomía
Uno de los puntos más debatidos durante el trámite legislativo fue la posible afectación a la autonomía de los gobiernos locales. El texto aprobado aclara que la ley no elimina la autonomía política, administrativa ni financiera de municipios y prefecturas.
Sin embargo, sí introduce parámetros de disciplina fiscal obligatorios. En otras palabras, los GAD mantienen su capacidad de gestión y decisión sobre proyectos, pero deberán ajustarse a un marco que prioriza la inversión frente al gasto corriente.
Las juntas parroquiales rurales quedan exceptuadas de la aplicación de esta norma, debido a su estructura presupuestaria más limitada y particularidades administrativas.
Controles trimestrales y supervisión del Ministerio de Finanzas
La ley no solo fija porcentajes, sino que también establece mecanismos de control. Cada trimestre, los GAD deberán publicar el indicador de gasto y su composición presupuestaria, lo que apunta a reforzar la transparencia en el manejo de recursos públicos.
El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un plazo de 60 días posteriores a cada trimestre para emitir informes de seguimiento. En caso de incumplimiento, el ente rector de las finanzas públicas aplicará los porcentajes previstos en la Constitución e informará a la Contraloría General del Estado para las acciones correspondientes.
Este sistema de supervisión busca evitar que la norma quede en letra muerta y garantizar que la regla 70/30 se cumpla de manera efectiva en todo el país.
Aplicación progresiva hasta 2028
La implementación de la regla será gradual. Para 2026, los GAD deberán destinar al menos el 65% de su presupuesto a inversión; en 2027, el porcentaje subirá al 68%; y a partir de 2028 se aplicará plenamente el 70%.
Esta progresividad tiene como finalidad permitir a los gobiernos locales ajustar sus estructuras financieras y administrativas sin generar un impacto abrupto en su funcionamiento. Muchos municipios arrastran compromisos de gasto corriente elevados, especialmente en nómina, por lo que el plazo escalonado busca facilitar la transición.
Reacciones divididas en el ámbito político
La aprobación de la ley generó posiciones encontradas. Desde el oficialismo se sostiene que la norma fomentará eficiencia, responsabilidad fiscal y mayor impacto social del presupuesto público. Argumentan que el exceso de gasto corriente en algunos municipios ha limitado históricamente la ejecución de obras.
Por otro lado, sectores críticos advierten que la medida podría restringir la capacidad de gestión de ciertos GAD, especialmente aquellos con estructuras administrativas pesadas o con obligaciones laborales consolidadas. También señalan que el éxito de la ley dependerá en gran medida de la capacidad técnica y de planificación de cada gobierno local.
Más allá de las posiciones políticas, la reforma marca un precedente en la relación financiera entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos, estableciendo reglas claras sobre cómo deben distribuirse los recursos públicos.
Impacto en la gestión local y en la ciudadanía
Si la norma se aplica de manera efectiva, el mayor impacto debería percibirse en la ejecución de obras públicas y en la mejora de servicios básicos. Al priorizar inversión, los ciudadanos podrían ver avances más rápidos en proyectos de agua potable, alcantarillado y vialidad urbana.
Sin embargo, el reto estará en equilibrar la sostenibilidad administrativa con la exigencia de inversión. Los municipios deberán optimizar procesos, reducir gastos innecesarios y mejorar la planificación estratégica para cumplir con la regla sin afectar la operatividad institucional.
La ley reformatoria al Cootad representa así un intento de reorientar el gasto público hacia resultados tangibles, bajo un esquema de disciplina fiscal progresiva y supervisión constante.
