ANÁLISIS | QUITO — El Ministerio de Trabajo ha lanzado una propuesta que ha encendido las alarmas en todo el espectro social del Ecuador: una reforma a la jornada diaria bajo la bandera de la "flexibilidad laboral". Mientras el discurso oficial intenta vender la medida como una herramienta de modernización y conciliación familiar, tras las líneas del proyecto se asoman interrogantes sobre el futuro de los derechos conquistados y la verdadera capacidad de control de un Estado históricamente ineficiente en la supervisión patronal.
La trampa de la "libre elección"
El eje central de la propuesta permite que empleador y trabajador acuerden jornadas que superen las ocho horas diarias para compactar la semana laboral, o incluso la fragmentación de turnos durante el día. Sin embargo, en un mercado laboral con una tasa de subempleo que asfixia a la clase media, la "libre elección" es, para muchos analistas, una ficción.
¿Tiene un trabajador ecuatoriano la capacidad real de negociar su horario sin el temor a ser reemplazado? La crítica apunta a que, en la práctica, la flexibilidad se traduce en una imposición de las necesidades operativas de la empresa sobre la salud mental y la vida personal del empleado, desdibujando la frontera entre el tiempo de descanso y el de servicio.
Sector Privado: El temor a la caída de la productividad
Irónicamente, el sector privado no ha recibido la noticia con el entusiasmo que el Gobierno esperaba. Voceros de cámaras de comercio y pequeñas industrias han expresado su preocupación por el impacto en la productividad. "Un trabajador agotado por jornadas extendidas no es un trabajador eficiente", señalan expertos en talento humano.
Además, existe el temor jurídico de que esta flexibilidad abra la puerta a una ola de demandas laborales por el cálculo de horas suplementarias y extraordinarias, complicando aún más la ya engorrosa operatividad administrativa de las empresas ecuatorianas.
¿Un experimento en el sector público?
El anuncio de que el sector público evaluará la viabilidad de este sistema es visto por sindicatos y gremios como un "experimento" peligroso. La preocupación radica en que se intente reducir la masa salarial o los beneficios de ley mediante la reconfiguración de horarios, afectando la calidad de los servicios ciudadanos que ya atraviesan una crisis de eficiencia.
El silencio sobre la desconexión digital
Otro gran vacío en la propuesta ministerial es la ausencia de garantías reales para la desconexión digital. En un 2026 donde el teletrabajo y la comunicación por aplicaciones son la norma, flexibilizar la jornada sin un marco punitivo para quienes exigen disponibilidad 24/7 es, según juristas laborales, entregar un cheque en blanco a la precarización encubierta.
¿A quién beneficia realmente?
Si el objetivo es reactivar el empleo, la historia económica sugiere que la flexibilidad por sí sola no genera puestos de trabajo; lo hace el crecimiento y la inversión. Sin incentivos claros para la producción, esta reforma corre el riesgo de ser solo un ajuste cosmético que debilita el bienestar del trabajador para intentar salvar cifras macroeconómicas que no terminan de cuadrar.
