El pasado 9 de mayo, el país se estremeció tras conocerse una brutal emboscada en la parroquia Alto Punino, provincia de Orellana, donde un grupo armado atacó a una patrulla militar que realizaba un operativo contra la minería ilegal en la zona. El resultado fue devastador: 11 militares fallecieron y varios más resultaron heridos.
El hecho ocurrió en una zona selvática de difícil acceso, donde operan grupos vinculados a actividades ilícitas como minería ilegal, narcotráfico y tala no autorizada. Las Fuerzas Armadas indicaron que el operativo tenía como objetivo desmantelar campamentos ilegales, sin embargo, fueron emboscados con armamento de grueso calibre y explosivos artesanales.
Tras el ataque, el presidente Noboa decretó estado de excepción en la provincia de Orellana y zonas aledañas, autorizando operaciones militares reforzadas. El hecho generó reacciones de solidaridad y exigencia de justicia, especialmente por parte de las familias de los soldados caídos.
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han advertido sobre la falta de presencia estatal y la expansión de economías ilegales en la Amazonía, alimentadas por la pobreza, la corrupción y el abandono institucional.
