Guayaquil, Ecuador, 27 de octubre de 2025 – La provincia de Guayas se mantiene en el centro de la estrategia de seguridad del Estado ecuatoriano, con un despliegue sin precedentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta medida de choque, activada bajo un marco de emergencia, busca frenar la escalada de violencia generada por los grupos de delincuencia organizada (GDO), que han convertido a la región costera, y en particular a Guayaquil, en un campo de batalla por el control de las rutas del narcotráfico. El contingente militar y policial se ha visto incrementado significativamente, ejecutando patrullajes conjuntos, operaciones de inteligencia focalizadas y el establecimiento de puntos de control estratégicos en arterias viales y zonas conflictivas.
El objetivo primario de este despliegue masivo es desarticular la estructura operativa y logística de los GDO, quienes han manifestado su poder a través de la concentración de atentados con explosivos. Las cifras oficiales indican que Guayas es, con diferencia, la provincia que más ha sufrido este tipo de ataques, lo que subraya su importancia para las redes criminales. La presencia constante de uniformados busca, por un lado, inhibir las acciones violentas y, por otro, generar una sensación de seguridad en una ciudadanía hastiada por los altos índices de muertes violentas y extorsiones.
La efectividad de esta estrategia se ha evidenciado en golpes directos a las cúpulas y operadores logísticos del narcotráfico. Un caso destacado en las últimas horas es la captura de alias “El Tunco”, a quien las fuerzas del orden identifican como un presunto cabecilla y operador clave en la cadena regional del narcotráfico. Este individuo, cuya detención representa un desmantelamiento parcial de la red que dirigía, es crucial para el flujo de drogas en la región. La información de inteligencia sugiere que estas operaciones están directamente ligadas a la interdicción de cargamentos y al control de los puertos, el principal punto de salida de la cocaína hacia mercados internacionales.
En paralelo, la criminalidad ha mostrado una dimensión transnacional, como lo demuestra el reciente arresto en el norte de Quito de una pareja de ciudadanos colombianos. Los aprehendidos, quienes presuntamente contaban con la protección de la banda criminal Los Lobos, estaban en fase de planificación para establecer un eje de operaciones ilícitas que se extendería más allá de las fronteras provinciales. Este incidente refuerza la tesis de las autoridades de que los GDO están intentando consolidar corredores de droga y armas, traficando armamento desde países vecinos y Estados Unidos para sostener su guerra territorial. La narcofiesta de vía a la Costa, ocurrida semanas atrás, ya había puesto en evidencia esta modalidad de tráfico de armas sofisticadas.
Si bien el despliegue militar ofrece un respiro inmediato a la población y permite realizar detenciones de alto impacto, analistas de seguridad señalan que la lucha debe ir más allá de la presencia física. La fragilidad del sistema carcelario, que ha sido el cuartel general de estos grupos, y la necesidad de una profunda reforma judicial y policial son temas pendientes. Además, la militarización prolongada, aunque popular en el corto plazo, plantea interrogantes sobre los derechos humanos y el rol constitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La clave para la victoria a largo plazo, insisten, radica en desmantelar la capacidad financiera de estas redes, atacar la corrupción que las alimenta y ofrecer oportunidades económicas a los jóvenes que son reclutados por la desesperación. Por ahora, sin embargo, la prioridad es mantener la presión en Guayas para que la provincia deje de ser el eslabón más débil en la cadena de seguridad nacional. El Gobierno ha sido enfático en su decisión de no ceder terreno, prometiendo mantener los operativos hasta que se logre un control significativo de la criminalidad.
