La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), entidad pública responsable de la generación, transmisión e importación de energía eléctrica, atraviesa un momento crítico debido a los reiterados problemas en la ejecución de varios proyectos termoeléctricos impulsados en medio de la crisis energética nacional.

La empresa estatal, que administra más de treinta centrales eléctricas en todo el territorio ecuatoriano, fue la encargada de liderar las contrataciones durante la emergencia provocada por los apagones registrados en 2024. Sin embargo, distintos contratos firmados para incorporar nueva capacidad de generación no cumplieron los plazos ni los objetivos técnicos previstos, lo que ha generado observaciones de carácter institucional y político.

Entre los casos más representativos se encuentran los proyectos desarrollados en El Salitral y Quevedo, adjudicados a la compañía estadounidense Progen Industries LLC. A pesar de que se cancelaron montos significativos del contrato, las centrales no han entrado en operación debido a fallas técnicas y a la falta de entrega completa de los equipos comprometidos, situación que derivó en una demanda internacional por presunto fraude.

Un escenario similar se registra en el proyecto Esmeraldas III, a cargo de la firma uruguaya Austral Technical Management, donde la planta termoeléctrica continúa inactiva pese a que se habría pagado un alto porcentaje del contrato. Informes técnicos internos alertaron sobre deficiencias en los equipos y en los procesos de supervisión, sin que estas observaciones fueran atendidas oportunamente.

La Contraloría General del Estado ha emitido informes con hallazgos relevantes, señalando irregularidades en la recepción de maquinaria, evaluaciones técnicas incompletas y posibles perjuicios económicos para el Estado que superarían los USD 100 millones en algunos contratos.

La acumulación de retrasos, incumplimientos contractuales y sanciones pendientes ha puesto en entredicho la capacidad de gestión de Celec, así como los mecanismos de control aplicados durante la declaratoria de emergencia eléctrica. En un contexto de déficit energético persistente, estos fracasos han intensificado el debate sobre el rol de la empresa pública y la necesidad de reformas en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos del sector eléctrico.