La violencia en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes durante 2025, y una de las cifras más estremecedoras es la registrada por organismos de derechos humanos y observatorios de seguridad: entre enero y agosto de este año, 386 niños y adolescentes fueron asesinados en el país. La cifra refleja un aumento del 50 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que enciende todas las alarmas sobre la vulnerabilidad de la niñez en medio del conflicto interno y la expansión del crimen organizado.
Una generación atrapada en la violencia
Las estadísticas revelan que el problema no se limita a zonas puntuales, sino que atraviesa al país entero. Ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Durán y Manta concentran buena parte de los casos, pero Quito, Cuenca y otras urbes del interior también reportan crímenes contra menores.
Los asesinatos se producen en múltiples contextos: desde balaceras en barrios populares y ataques armados en las calles, hasta casos de niños alcanzados por balas perdidas en medio de enfrentamientos entre bandas criminales. En otros escenarios, adolescentes son reclutados por organizaciones delictivas y posteriormente asesinados en ajustes de cuentas.
El reclutamiento forzado de menores se ha convertido en una de las prácticas más extendidas del crimen organizado en Ecuador. Bandas vinculadas al narcotráfico utilizan a adolescentes como “campaneros” (vigilantes de zonas), microtraficantes o incluso sicarios. Al estar expuestos a un mundo violento desde temprana edad, estos jóvenes quedan atrapados en una espiral de riesgo donde la muerte prematura se vuelve una constante.
Impacto psicológico y social
Organismos internacionales, como UNICEF y Human Rights Watch, han advertido que Ecuador atraviesa una crisis humanitaria relacionada con la violencia contra la infancia. La exposición permanente a crímenes violentos afecta de manera grave la salud mental de miles de niños y adolescentes que sobreviven en barrios dominados por bandas.
Profesores y psicólogos comunitarios reportan un aumento de casos de estrés postraumático, ansiedad, depresión y deserción escolar. Muchos jóvenes abandonan los estudios por miedo a ser atacados en el trayecto a la escuela o porque son presionados por pandillas para unirse a sus filas.
Las familias, en tanto, viven en un estado permanente de zozobra. En sectores populares, los padres deben tomar decisiones extremas: cambiar de domicilio, enviar a los hijos a vivir con familiares en otras provincias o incluso migrar a otro país para protegerlos.
Un Estado debilitado
La crisis refleja también la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos más vulnerables. Las políticas implementadas en los últimos años —como estados de excepción, militarización de barrios conflictivos y construcción de más cárceles— han tenido un efecto limitado frente al poder creciente de las organizaciones criminales.
El presidente Daniel Noboa ha reconocido la gravedad de la situación y ha prometido reforzar los programas de protección a la niñez. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas siguen siendo reactivas y fragmentadas. “El Estado está respondiendo con militarización, pero no con prevención ni inversión social”, señaló una investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Reacciones y exigencias
La cifra de 386 niños y adolescentes asesinados ha provocado indignación en organizaciones sociales y de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado señalando que “los niños ecuatorianos no pueden seguir siendo las víctimas invisibles de un conflicto que el Estado no logra controlar”.
Grupos ciudadanos y ONGs han convocado marchas en Quito y Guayaquil bajo el lema “Ni uno más”, con el objetivo de visibilizar la crisis y exigir políticas de protección específicas: desde mayores recursos para escuelas en barrios vulnerables, hasta programas de reinserción para adolescentes en riesgo.
La comunidad internacional también observa con preocupación. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ofreció cooperación técnica para programas de prevención, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado ecuatoriano un plan integral para proteger la vida y seguridad de niños y adolescentes.
Un futuro en riesgo
Más allá de las cifras, el asesinato de 386 menores en tan solo ocho meses es un reflejo brutal de cómo la violencia ha colonizado la vida cotidiana en Ecuador. Cada número corresponde a una historia de vida truncada, a una familia devastada y a una comunidad marcada por el miedo.
El futuro del país está en juego. Una generación entera corre el riesgo de crecer en un entorno dominado por la violencia, sin acceso a oportunidades ni garantías básicas de seguridad. Si no se actúa con urgencia, Ecuador podría consolidarse como un escenario donde la niñez y la adolescencia se convierten en las principales víctimas de la guerra interna contra el crimen organizado.
