Quito, 17 de julio de 2025.
Ministra Manzano confirma salida de funcionarios tras hallazgos de Contraloría sobre contratos en CELEC: se investigan presuntas irregularidades por más de USD 230 millones.
El Ministerio de Energía y Minas oficializó este miércoles la desvinculación de al menos dos altos funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), tras conocerse los primeros informes de la Contraloría General del Estado sobre irregularidades en contratos suscritos durante 2024 con las empresas Progen y ATM, en el marco de la declaratoria de emergencia energética. El monto comprometido en ambos contratos supera los USD 230 millones.
En declaraciones a medios nacionales, la ministra Inés Manzano confirmó que se ha procedido a separar de sus cargos a quienes, desde la gestión técnica y administrativa, participaron en los procesos cuestionados. “Hoy esos funcionarios no nos acompañan más”, sentenció, al tiempo que aclaró que se respetarán los derechos legales de los investigados, pero que su permanencia en funciones es inviable mientras avanzan las investigaciones.
📉 Contratos con sobreprecios y equipos no certificados
Según los informes preliminares de la Contraloría, en los contratos adjudicados a Progen S.A. y Austral Technical Management (ATM) se habrían detectado irregularidades técnicas, administrativas y legales que podrían representar un perjuicio al Estado, especialmente por la falta de cumplimiento de especificaciones, plazos contractuales y por el uso de equipos reacondicionados o incompatibles con la red eléctrica nacional.
🏗️ Progen: termoeléctricas con problemas estructurales
El contrato con Progen, suscrito en agosto de 2024 por un total de USD 149 millones, incluía la construcción de dos plantas termoeléctricas: Quevedo (50 MW) y El Salitral (100 MW). A la fecha, ambas obras presentan retrasos significativos. La Contraloría ha identificado problemas como la falta de estudios técnicos adecuados, ausencia de certificaciones de origen de los equipos y presunta negligencia en la fiscalización de los cronogramas. El informe final sobre este contrato se encuentra en proceso de aprobación y se prevé que sea difundido públicamente entre el 18 y el 21 de julio.
⚙️ ATM: generadores sin permisos ni certificaciones
Por otra parte, el contrato con la empresa Austral Technical Management (ATM), por un monto de USD 89 millones, contemplaba la provisión e instalación de generadores térmicos para la central de Esmeraldas. En este caso, el informe definitivo de la Contraloría establece que la empresa entregó equipos usados, sin certificación técnica, ni avales de compatibilidad con la red ecuatoriana. Se alerta además sobre la falta de licencias ambientales y técnicas necesarias, y se cuestiona la capacidad operativa real del sistema contratado.
🔍 Medidas institucionales y acciones legales
Ante los hallazgos, CELEC ha activado múltiples acciones de respuesta:
- Terminación anticipada de los contratos con ambas empresas.
- Cobro de garantías contractuales para recuperar parte del dinero comprometido.
- Elaboración de un plan de contingencia energética para asegurar la entrada en funcionamiento de las plantas antes de diciembre de 2025.
- Presentación de denuncias penales por posibles delitos como estafa, peculado, incumplimiento de deberes públicos y asociación ilícita.
- Auditorías internas complementarias para revisar otros procesos de contratación suscritos bajo el decreto de emergencia.
Manzano aseguró que su administración no tolerará actos de corrupción ni negligencia. “Estamos depurando responsabilidades y reforzando los mecanismos de control. La transparencia es una política de Estado”, sostuvo.
⚠️ Impacto económico y energético
Los proyectos termoeléctricos en cuestión forman parte del plan de emergencia energética implementado tras la crisis eléctrica de 2023 y 2024, provocada por la escasez de lluvias, la caída de embalses y el deterioro de infraestructura hidroeléctrica. La incorporación de más de 150 megavatios de energía térmica era una de las estrategias del Gobierno para evitar racionamientos, especialmente en la región Litoral.
Sin embargo, las demoras, fallos técnicos y presunta mala planificación ahora ponen en riesgo la operatividad del sistema eléctrico nacional, justo en momentos donde se prevé una nueva temporada de sequía. Expertos advierten que, si no se reemplazan rápidamente los proyectos fallidos, el país podría enfrentar nuevas restricciones de carga a finales de este año.
🏛️ Fiscalía y Asamblea se suman a las indagaciones
La Fiscalía General del Estado ya ha recibido los primeros reportes de CELEC y Contraloría, y podría iniciar en breve investigaciones previas contra los responsables de los contratos. En paralelo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional analiza convocar a funcionarios actuales y anteriores del Ministerio de Energía, CELEC y empresas contratistas para que rindan cuentas en el marco de su labor de control político.
🗣️ Reacciones políticas y ciudadanas
La noticia ha generado un amplio debate público. Bancadas legislativas de oposición acusan al Gobierno de “improvisación” y “falta de supervisión técnica”, mientras que sectores ciudadanos exigen que se sancione ejemplarmente a quienes habrían atentado contra el interés nacional en un momento crítico para el sistema energético.
Por su parte, la ministra Manzano ha insistido en que su administración está comprometida con “recuperar la institucionalidad” del sector eléctrico y evitar que prácticas clientelares o tecnocráticas ineficientes se sigan reproduciendo. “El sistema de energía debe ser un ejemplo de eficiencia y no un botín político”, sentenció.
