Una nueva tragedia enluta a Ecuador. La noche del domingo 27 de julio de 2025, la parroquia El Empalme, ubicada en la provincia de Guayas, fue el escenario de una de las peores matanzas registradas este año en el país. Un grupo de hombres armados, a bordo de al menos dos camionetas, irrumpió en un bar popular y abrió fuego indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar. El resultado: 17 personas asesinadas y al menos 11 heridas, varias de ellas de gravedad.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 en el sector conocido como “La Clínica”, un establecimiento ubicado junto a una cancha deportiva donde se realizaban festividades locales. Según testigos, los atacantes descendieron de los vehículos con armas de alto calibre —entre ellas fusiles y pistolas— y comenzaron a disparar sin mediar palabra. Las escenas de pánico y desesperación se extendieron rápidamente en la comunidad, que no comprendía la magnitud del horror que acababa de suceder.

La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, acudió a la escena para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar indicios. Se encontraron más de 40 casquillos de bala, lo que evidencia el nivel de violencia con el que se ejecutó el crimen. Las autoridades no han confirmado aún la identidad de los autores, pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos que operan en la zona.

La masacre se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado a la provincia de Guayas en los últimos años, consolidándola como uno de los territorios más afectados por la expansión del crimen organizado en Ecuador. Las bandas del narcotráfico, como “Los Choneros”, “Los Tiguerones” o “Los Lobos”, mantienen disputas por el control de rutas estratégicas para el transporte de droga y otras actividades ilícitas, convirtiendo a barrios enteros en zonas de guerra no declarada.

Este ataque revive el debate sobre la efectividad del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024. Aunque esta figura ha permitido un mayor despliegue militar en zonas de riesgo y el uso de estrategias de combate más agresivas, los niveles de violencia no han disminuido. De hecho, según datos del Ministerio del Interior, Ecuador ha registrado más de 4.000 asesinatos solo en los primeros cinco meses del 2025, lo que podría convertir este año en el más sangriento de la historia reciente del país.

Las familias de las víctimas, muchas de ellas de bajos recursos, ahora enfrentan el duelo y la incertidumbre. En redes sociales circulan mensajes de dolor, fotografías de los fallecidos y llamados de justicia por parte de sus allegados. Algunos de los heridos permanecen en estado crítico en hospitales de Guayaquil y Quevedo.

Frente a la tragedia, las autoridades locales han declarado el estado de emergencia en la parroquia y se ha incrementado la presencia militar en la zona. Sin embargo, los habitantes de El Empalme expresan temor de que los hechos se repitan, ya que aseguran que las amenazas entre bandas rivales han sido constantes en las últimas semanas.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó una investigación exhaustiva, transparente e imparcial. Advirtió que este tipo de hechos no pueden normalizarse ni ser tratados como “efectos colaterales” del combate al crimen. Exigió también que el Estado garantice la seguridad de los testigos y sobrevivientes del ataque.

La comunidad internacional empieza a poner atención a lo que sucede en Ecuador. Medios internacionales han replicado la noticia de la masacre y organizaciones de derechos humanos han pedido explicaciones sobre las medidas que el Gobierno está adoptando para proteger a la población civil. Mientras tanto, la ciudadanía ecuatoriana sigue exigiendo respuestas, soluciones y, sobre todo, justicia.