La Fundación EcoCiencia, en colaboración con Amazon Conservation, emitió un informe alarmante sobre la creciente expansión de la minería aurífera en el centro de la Amazonía ecuatoriana, particularmente en la provincia de Napo. Entre 2017 y 2024, se han afectado más de 1.700 hectáreas, principalmente en zonas cercanas a los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el sistema Puní–Cotona–Arajuno, todos ellos claves para el equilibrio hídrico y ecológico de la región.

Minería fuera del marco legal
El análisis satelital y de campo revela que gran parte de esta actividad minera se realiza fuera del catastro legal, lo que indica que no cuenta con los permisos necesarios. En el caso del sistema Puní–Cotona–Arajuno, el 99% de las operaciones detectadas son completamente ilegales. Este patrón se repite en otros ríos: el 23% de la minería en el Huambuno y el 15% en el Anzu se desarrolla sin autorización, comprometiendo no solo el ambiente, sino también el Estado de Derecho.

Consecuencias socioambientales críticas
El informe detalla impactos profundos: deforestación acelerada, degradación de bosques ribereños, apertura de vías ilegales y contaminación de cuerpos de agua con metales pesados como el mercurio. Estas afectaciones no solo destruyen hábitats y ponen en riesgo la biodiversidad, sino que generan tensiones crecientes con comunidades indígenas y locales que ven afectadas sus fuentes de agua y sus formas tradicionales de vida.

Recomendaciones para una respuesta urgente
Ante esta situación, EcoCiencia propone medidas contundentes como el fortalecimiento del monitoreo ambiental con tecnologías satelitales, sanciones efectivas contra la minería ilegal, y la creación de zonas de exclusión minera a 100 metros de cuerpos de agua. Se plantea también reformar la legislación para exigir estudios de impacto ambiental con mayor rigor y establecer figuras de protección hídrica vinculantes, especialmente para ríos de alto valor ecológico y cultural.

Conclusión
La expansión minera descontrolada en la provincia de Napo pone en jaque a una de las zonas más ricas y frágiles de la Amazonía ecuatoriana. El avance de la minería ilegal sobre cuencas vitales no solo amenaza la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino también los derechos de las comunidades locales. Es imprescindible que el Estado actúe con decisión y que los gobiernos locales fortalezcan su rol en la defensa del territorio, adoptando una política pública ambiental que priorice la conservación, la legalidad y el respeto a los pueblos amazónicos.