Quito, 27 de octubre del 2025.

En los últimos años, Ecuador ha vivido un crecimiento explosivo de la extracción de oro que ha quedado marcado tanto por la bonanza como por la complicidad de la ilegalidad. En 2023, las exportaciones provenientes de la minería a pequeña escala alcanzaron los 1 260 millones de dólares, superando incluso a la principal empresa formal del país.

Sin embargo, ese auge ha venido acompañado de irregularidades profundas. Investigaciones han detectado que gran parte del oro que se declara proviene de minas inexistentes o ilegales, con certificados falsificados y concesiones otorgadas sin verificación real. 

Las consecuencias sociales, ambientales y de seguridad no se han hecho esperar. En regiones como la Amazonía o la sierra, los asentamientos mineros ilegales proliferan, con uso de explosivos, contaminación de ríos, destrucción de bosques y desplazamiento de comunidades indígenas. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales han visto en la minería ilegal un nuevo nicho para lavar dinero, traficar armas y ampliar su dominio territorial.

Frente a este escenario, el Gobierno ha tomado medidas: se reabrió el registro de concesiones mineras por primera vez en siete años con el objetivo de reordenar el sector y combatir las actividades ilegales. También se han aplicado tasas de supervisión del sector y se mantiene una ofensiva coordinada para clausurar operaciones sin permisos.
 

Aun así, los retos siguen siendo enormes. Expertos advierten que mientras no se fortalezcan los controles, se transparenten las exportaciones y se garantice la participación de las comunidades afectadas, la “bonanza” aurífera podría transformarse en un legado de saqueo, violencia y deterioro ambiental.