Las autoridades de Ecuador y Colombia celebran uno de los mayores golpes al narcotráfico del año: la incautación de una tonelada de cocaína con destino a Canadá y el desmantelamiento de un laboratorio de heroína en Nariño.
Pero detrás del éxito mediático, se esconden las preguntas incómodas: ¿cómo sigue fluyendo la droga por los puertos ecuatorianos? ¿Qué pasa con los funcionarios implicados en las redes de corrupción que facilitan el contrabando?
La operación
El operativo conjunto se realizó durante tres días e involucró drones, interceptaciones y cooperación con la DEA. El cargamento fue hallado en el puerto de Guayaquil, oculto entre cajas de banano. En el laboratorio desmantelado en Colombia, se hallaron armas, químicos y cédulas ecuatorianas falsificadas.
El discurso oficial
El ministro del Interior, Mónica Palencia, declaró que “Ecuador demuestra al mundo su compromiso con la seguridad regional”. Sin embargo, los informes de inteligencia revelan que las mafias locales siguen infiltradas en instituciones portuarias, policiales y judiciales.
El país decomisó más de 60 toneladas de droga en 2025, pero las cifras parecen no detener la violencia: asesinatos, extorsión y lavado de activos se expanden incluso en ciudades pequeñas.
“Por cada tonelada incautada, tres más logran salir”, señala un exagente antinarcóticos bajo anonimato. “El problema no es operativo, es estructural: la corrupción está dentro del Estado”.
Un futuro incierto
Mientras el Gobierno celebra la operación, las comunidades fronterizas de Esmeraldas y Carchi viven bajo el miedo constante de los grupos armados. Para muchos campesinos, el narcotráfico no es una elección, sino el último recurso de supervivencia.
Ecuador se debate entre su imagen internacional de cooperación y su realidad interna de inseguridad. Y la pregunta que flota es: ¿podrá un Estado débil vencer a un crimen organizado que se adapta más rápido que sus propias instituciones?
