El 19 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Energía notificó a la Corte Constitucional (CC) sobre la terminación del convenio que permitía al organismo judicial ocupar el edificio Tamagar, ubicado en el centro norte de Quito. La notificación, dirigida al presidente de la CC, Jhoel Escudero, establecía un plazo de un mes para desocupar el inmueble.
La decisión se sustentó en los decretos 60 y 94 emitidos por el presidente Daniel Noboa, los cuales contemplan la fusión de los ministerios de Energía y Ambiente. Según el Gobierno, esta reestructuración busca centralizar unidades técnicas, operativas y administrativas para mejorar la eficiencia y destinar el edificio Tamagar al personal vinculado a proyectos de inversión.
Sin embargo, al día siguiente, el Ministerio envió un nuevo oficio suspendiendo el desalojo, sin ofrecer una explicación pública sobre esta reversión. Este hecho se suma a un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Apenas una semana antes, el 12 de agosto, el Gobierno convocó una marcha en contra de la CC, que derivó en un fuerte resguardo militar y policial en las instalaciones judiciales. Además, el presidente Noboa ha expresado públicamente su desacuerdo con varias decisiones del organismo.
La incertidumbre generada por estos acontecimientos ha provocado preocupación en distintos sectores sobre la independencia judicial y el respeto a las instituciones en Ecuador, dejando un escenario complejo para la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
Conclusión:
El inesperado giro en la decisión de desalojo del edificio Tamagar evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, y plantea un debate sobre la autonomía judicial y la necesidad de fortalecer la institucionalidad en Ecuador. La suspensión temporal del desalojo deja abierta la interrogante sobre los próximos pasos del Gobierno y la Corte.
