Fecha: 28 de octubre de 2025
Un nuevo y grave caso de corrupción institucional ha sacudido a la ciudad de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Policía Nacional, ejecutó una serie de allanamientos que desarticularon una presunta red delictiva enquistada en la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Esta red, según las autoridades, no solo se dedicaba a actos de corrupción administrativa, sino que tendría vínculos directos con el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) "Chone Killers".
La operación, que tuvo lugar en la madrugada, incluyó nueve allanamientos en oficinas de la ATM, en la Unidad Judicial de la Florida Norte y en varios domicilios en Guayaquil y Daule. El saldo inicial es de seis personas detenidas, entre las que figuran funcionarios clave de la agencia de tránsito.
Entre los arrestados se encuentran la procuradora (coordinadora de patrocinio judicial) de la ATM, dos agentes de tránsito en servicio activo, dos ex abogados de la entidad que fueron separados en junio y julio de este año, y un sexto individuo que presuntamente se hacía pasar por abogado para operar como enlace externo.
El Modus Operandi: Corrupción al servicio del crimen
La investigación de la Fiscalía, que se extendió por más de cuatro meses, revela un modus operandi complejo que iba mucho más allá de simplemente borrar multas de tránsito. El Ministro del Interior, John Reimberg, detalló que la red está siendo investigada por una multiplicidad de delitos graves, incluyendo asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, intimidación, falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y, crucialmente, evasión de detenidos e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Según la Fiscalía, la red operaba para favorecer a infractores, pero principalmente a miembros de grupos delictivos.
El mecanismo funcionaba en varios niveles. Por un lado, agentes de tránsito implicados detenían a conductores (a veces miembros de bandas o sus allegados) y, en lugar de seguir el procedimiento regular, les ofrecían "soluciones" a través de los abogados de la red. Estos abogados, en complicidad con funcionarios internos como la procuradora, presuntamente manipulaban y falsificaban documentos judiciales.
El objetivo era evitar que los infractores cumplieran las sanciones dictadas por los jueces de tránsito, especialmente aquellas que implicaban penas de prisión. Por ejemplo, si un juez ordenaba la detención de un conductor por una infracción grave, la red lograba que esa persona no fuera ingresada al centro de detención, a cambio de fuertes sumas de dinero.
La Fiscalía expuso casos específicos durante la audiencia de formulación de cargos. En uno de ellos, un conductor que causó la muerte de una persona en un siniestro de tránsito habría pagado a la red para manipular su proceso y evitar la cárcel.
Vínculos con los "Chone Killers"
La revelación más alarmante es la conexión de esta red de corrupción con el GDO "Chone Killers". "Lo más preocupante es la asociación con el grupo delictivo organizado de los Chone Killers", afirmó el Ministro del Interior.
Esta conexión sugiere que la corrupción en la ATM no era solo una fuente de enriquecimiento ilícito para los funcionarios, sino que funcionaba como un brazo logístico para el crimen organizado. Al permitir que miembros de esta banda evadieran la justicia por delitos de tránsito (que a menudo delatan otros delitos, como la portación de armas o la conducción en estado de ebriedad), la red garantizaba la impunidad y la movilidad de los criminales en la ciudad.
Durante los allanamientos se incautaron boletas de encarcelamiento originales, documentos judiciales falsificados, credenciales institucionales, equipos tecnológicos y teléfonos móviles que serán claves para la investigación.
Respuesta Institucional y tensión política
Tras el operativo, el gerente general de la ATM, Fernando Navas, intentó desmarcar a la institución de una falla estructural. Aseguró que los hechos "no corresponden a una estructura tolerada o encubierta" y que la investigación se originó, en parte, gracias a una denuncia presentada por la propia ATM el 1 de mayo contra uno de los agentes ahora detenidos. Navas confirmó que solo tres de los detenidos son funcionarios activos actualmente.
Sin embargo, la crisis ha escalado al ámbito político. El Municipio de Guayaquil calificó el operativo como una "persecución política" destinada a intimidar al cabildo porteño, una acusación que fue rápidamente desestimada por el Ministerio del Interior.
Mientras tanto, un juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los seis procesados por presunta asociación ilícita. La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual se espera descubrir el alcance total de esta red que puso la infraestructura de tránsito de Guayaquil al servicio del crimen organizado.
