Ecuador atraviesa una de sus crisis sociales más intensas de los últimos años tras la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, medida que elevó el precio de este combustible de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. La medida, que busca aliviar la presión fiscal y cumplir compromisos con organismos internacionales, ha provocado una ola de protestas encabezadas por comunidades indígenas y organizaciones sociales.
Durante la última semana, el país ha vivido bloqueos de carreteras, marchas multitudinarias y enfrentamientos con la fuerza pública. El episodio más grave se registró en la Sierra central, cerca de Quito, donde un choque entre manifestantes y militares dejó un saldo trágico: un fallecido y 12 uniformados heridos.
La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) denunció que la víctima mortal era miembro de una comunidad indígena y responsabilizó directamente a las Fuerzas Armadas por un uso desmedido de la fuerza. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que las protestas han sido infiltradas por “grupos violentos” que buscan desestabilizar al país, y ha reiterado que su obligación es garantizar la libre movilidad y el orden público.
Las imágenes de carreteras bloqueadas, enfrentamientos y represión se han difundido ampliamente en redes sociales, reviviendo la memoria de protestas anteriores, como las de octubre de 2019 y junio de 2022, que pusieron en jaque a gobiernos anteriores. La tensión en el ambiente es evidente: en Quito, la presencia militar se ha reforzado y se habla de un escenario prolongado de conflictividad.
Analistas señalan que el problema de fondo no es únicamente económico, sino también político y social. El retiro de los subsidios afecta de manera directa a los sectores más vulnerables, pues incrementa los costos de transporte y de productos básicos. Además, critican que la medida no vino acompañada de políticas de compensación claras, como subsidios focalizados o programas sociales que amortigüen el impacto en la población.
Mientras tanto, los diálogos entre organizaciones sociales y el Gobierno parecen estancados. La CONAIE insiste en que la medida debe ser revertida y que no habrá negociaciones mientras el precio del diésel no vuelva a los niveles anteriores. Noboa, por su parte, ha declarado que no dará marcha atrás, advirtiendo que mantener los subsidios representaba una carga fiscal insostenible.
En paralelo, el país enfrenta los efectos prácticos de las protestas: desabastecimiento en mercados, interrupciones en el transporte interprovincial y pérdidas millonarias para sectores como el turismo y la producción agrícola. Quito, Guayaquil y Cuenca han visto interrumpidas sus actividades cotidianas, con el riesgo de que el conflicto se agrave si no se alcanza pronto una salida política.
El desenlace de esta crisis será determinante para el futuro de la gobernabilidad de Noboa. De ceder, podría perder credibilidad ante organismos internacionales y sectores empresariales. De mantenerse firme, corre el riesgo de agudizar la conflictividad social y profundizar la desconfianza hacia su administración.
Lo cierto es que Ecuador se encuentra en un punto de inflexión: entre la necesidad de ordenar sus finanzas públicas y la obligación de garantizar justicia social, en medio de un contexto marcado por la violencia, la inseguridad y la fragilidad institucional.
