El 26 de julio de 2025, el gobierno de Ecuador inició un operativo de deportación que resultó en la expulsión de más de 800 presos de nacionalidad colombiana desde distintas cárceles ecuatorianas, medida que desencadenó protestas oficiales por parte del gobierno de Gustavo Petro en Colombia.
📦 ¿Qué ocurrió en la frontera?
Los deportados fueron trasladados en autobuses escoltados por policías y militares hasta el puente internacional de Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia. Entre ellos, 543 hombres y 60 mujeres cruzaron hacia territorio colombiano, quienes fueron atendidos por autoridades locales a su llegada.
La Cancillería de Colombia calificó la acción como un “gesto inamistoso”, acusando a Ecuador de ejecutar las deportaciones sin un protocolo acordado y sin garantizar condiciones dignas para los reclusos. Bogotá elevó una protesta formal y anunció que evaluaría posibles acciones diplomáticas en respuesta . Por su parte, Ecuador aseguró que el proceso se realizó bajo estrictos protocolos jurídicos, con audiencias individualizadas, resoluciones motivadas y emisión de boletas de excarcelación, y afirmó haber notificado oficialmente a Colombia desde el 8 de julio.
👥 Perfil de los deportados y contexto legal
Según fuentes oficiales, los detenidos que fueron deportados enfrentaban condenas por delitos como narcotráfico, homicidio, secuestro, abuso sexual y tráfico de armas. Muchos no habían cumplido más del 50 % de su pena impuesta por la justicia ecuatoriana. De acuerdo con el ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, las personas deportadas tienen prohibido regresar al país por los próximos 40 años, según lo establecido por la nueva Ley de Integridad Pública.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que inició el proceso con 700 audiencias individualizadas y que en los próximos días se completará la deportación de hasta 1.000 reclusos colombianos.
🇨🇴 Reacción colombiana y su impacto
La Cancillería colombiana señaló que solo se disponía de antecedentes judiciales de 348 de los expulsados, pero únicamente 11 de ellos tenían órdenes de captura activas en Colombia, y uno incluso una circular de Interpol.
Autoridades regionales, como el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, describieron el procedimiento como irregular, denunciando que algunos deportados carecían de documentación o antecedentes claros y que el sistema local podría colapsar por la cantidad de personas dejadas en libertad inmediatamente tras su llegada.
Colombia exigió que se establezca un protocolo claro, que garantice traslado digno, identificación judicial transparente y registro legal de los pendientes legales de cada deportado. Desde Quito, Ecuador insistió en que todos los pasos siguieron el marco legal interno y los convenios internacionales ratificados con Colombia.
🔍 Motivo y tensión bilateral
El presidente Daniel Noboa afirmó que la medida forma parte de una política de tolerancia cero con el crimen organizado y está enmarcada dentro de la declaración de “conflicto armado interno” vigente desde abril de 2024, con el objetivo de aliviar el grave hacinamiento en cárceles y disminuir los riesgos de violencia interna.
En contraste, el gobierno colombiano asegura que esta medida fue ejecutada sin diálogo previo ni consenso bilateral, lo que ha tensado las relaciones entre ambos países y ha llevado a la diplomacia a evaluar medidas de respuesta.
