Desde el año 2002, Ecuador ha mantenido un sistema legal para la regulación de fundaciones, ONG y organizaciones sociales. Sin embargo, con más de 75.000 entidades registradas en el país, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha decidido dar un paso más y ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente titulado Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales.
El objetivo oficial del proyecto es reforzar el control del origen y uso de recursos económicos que manejan estas organizaciones, estableciendo el registro obligatorio en el sistema SUIOS (Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales).
Sociedad civil y gremios industriales reaccionan
La propuesta ha generado preocupación en diversos sectores, incluyendo la Federación de Cámaras de Industrias, que teme posibles afectaciones al derecho constitucional de asociación. Representantes de organizaciones civiles piden que se depure el registro nacional para detectar entidades inactivas o ficticias, pero también exigen garantías para evitar restricciones arbitrarias a la participación ciudadana.
La discusión también revive el debate sobre si es necesaria una nueva ley, considerando que ya existen mecanismos legales desde hace más de dos décadas para fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro.
Temor al uso político de la normativa
Varios directores de fundaciones y ONG han expresado que el control es bienvenido, siempre que no derive en una herramienta de persecución o exclusión de voces críticas al Gobierno. Algunos analistas advierten que una regulación excesiva podría ahogar la labor comunitaria e incluso obstaculizar la cooperación internacional.
Conclusión
Aunque la regulación de organizaciones sociales no es nueva en Ecuador, la propuesta enviada por el presidente Noboa representa un giro más estricto que pone a prueba el equilibrio entre la transparencia financiera y la libertad de asociación. El desafío estará en diseñar una normativa eficaz, sin convertirla en una herramienta de control político ni restringir la participación ciudadana.
