Miércoles, 30 de Julio del 2025.

Un grupo de al menos 700 servidores públicos con nombramiento provisional en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha denunciado haber sido desvinculado de sus funciones de manera abrupta y sin el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos. Según sus declaraciones, no recibieron comunicación formal previa ni posterior, y tampoco se les ha reconocido derecho alguno a indemnización por su salida.

Los trabajadores afectados señalan que las notificaciones de despido habrían sido cargadas en el sistema digital de gestión documental del Estado, conocido como Quipux, el pasado jueves. Sin embargo, los empleados aseguran que nunca fueron informados directamente ni pudieron acceder a estos documentos, ya que el sistema les aparecía cerrado o bloqueado. Ante esta situación, acudieron a las oficinas de Recursos Humanos, donde les habrían comunicado que el sistema ya no permitía descargar las notificaciones ni gestionar procesos administrativos relacionados con la desvinculación.

Esta forma de proceder ha generado graves inconvenientes administrativos. Los trabajadores indican que no se les permitió realizar el proceso formal de entrega-recepción de funciones, bienes institucionales ni informes de gestión, lo cual podría comprometer la continuidad operativa del IESS. Esta omisión, aseguran, no solo vulnera sus derechos laborales, sino también los principios de responsabilidad administrativa que deben regir en la gestión pública.

Uno de los voceros de los empleados cesados, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Seguro Social Ecuatoriano (ANESSE) en Guayas, Jorge Ojedis, manifestó su rechazo categórico al proceso de despido, al que calificó de arbitrario. Según sus declaraciones, no hubo ningún tipo de evaluación de desempeño que justificara las desvinculaciones. De hecho, varios de los trabajadores separados mantenían altas calificaciones en sus evaluaciones anuales, en algunos casos superiores al 90%, y llevaban hasta 25 años de servicio continuo en la institución.

Estas desvinculaciones se enmarcan en el proceso de reestructuración administrativa impulsado por el Gobierno Nacional, como parte de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 60, emitido el 24 de julio de 2025. Dicha norma establece un plan de eficiencia institucional que incluye la fusión de ministerios y entidades públicas, así como la eliminación de hasta 5.000 cargos a nivel nacional.

En paralelo, el propio IESS ha anunciado que también procederá con la supresión de 193 puestos ocupados por servidores con nombramiento definitivo, aunque en este caso sí se contempla el pago de indemnizaciones por desvinculación, las cuales podrían alcanzar los USD 57.800 por persona, con un total aproximado de USD 8,9 millones. A pesar de este gasto, la institución estima un ahorro anual de aproximadamente USD 4,1 millones en remuneraciones.

Frente a lo ocurrido, los trabajadores afectados han iniciado acciones legales. Se han presentado al menos 24 demandas ante la Corte Constitucional, en las que se argumenta la inconstitucionalidad del proceso de despido masivo, y se solicita la revisión de la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública y su reglamento, que son las normativas empleadas para justificar estas medidas.

El caso ha generado un fuerte rechazo por parte de los gremios y asociaciones de trabajadores públicos, quienes consideran que se está vulnerando el principio de estabilidad laboral y se está dejando en la indefensión a cientos de familias ecuatorianas que dependían de estos ingresos para subsistir.