La Corte Nacional de Justicia del Ecuador expresó públicamente su rechazo a las amenazas dirigidas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien decidió apartarse temporalmente de sus funciones ante el riesgo real contra su vida. El pronunciamiento institucional se dio el 18 de diciembre, luego de que se conociera que el magistrado fue intimidado tras emitir una sentencia por lavado de activos vinculados al narcotráfico.
El caso ha generado preocupación en el sistema judicial y en la opinión pública, ya que pone en evidencia la vulnerabilidad de los operadores de justicia que conocen procesos relacionados con el crimen organizado.
Rechazo institucional a cualquier forma de intimidación
En un comunicado oficial, firmado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, la institución rechazó de manera categórica las amenazas contra el juez Serrano. En el documento se recalca que los magistrados deben ejercer sus funciones con plena independencia, libres de cualquier tipo de presión o injerencia, ya sea interna o externa.
La Corte subrayó que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y que ningún juez debe ser condicionado, intimidado o amenazado por el contenido de sus decisiones. Asimismo, advirtió que este tipo de hechos no solo afectan a la persona amenazada, sino que debilitan la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
La sentencia que desató las amenazas
Las intimidaciones contra Carlos Serrano se produjeron luego de que el juez sentenciara al ciudadano serbio Jezdimir Srdan por el delito de lavado de activos, relacionado con recursos provenientes del tráfico de drogas. La decisión judicial se basó en las pruebas presentadas durante el proceso y, según se ha informado, fue adoptada sin ceder a presiones externas.
De acuerdo con lo revelado esta semana, Serrano habría recibido presiones previas de un “alto funcionario” del Consejo de la Judicatura para que declare inocente al procesado. El juez se negó a hacerlo y emitió su fallo conforme a derecho, lo que posteriormente derivó en amenazas directas de muerte.
Amenaza directa desde el entorno penitenciario
Tras la sentencia, Jezdimir Srdan, quien actualmente cumple su condena en la Cárcel del Encuentro, habría realizado una amenaza explícita contra la vida del juez. Según el relato, el ahora sentenciado pasó su dedo índice por la garganta en un gesto que fue interpretado como una advertencia de muerte.
Este hecho encendió las alarmas sobre el nivel de riesgo que enfrentan los jueces que tramitan causas de alta peligrosidad, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Retiro de seguridad y decisión de no acudir al despacho
Pese a la gravedad de las amenazas, Carlos Serrano denunció que el Consejo de la Judicatura le retiró la seguridad personal con la que contaba. Ante esta situación, el juez tomó la decisión de no acudir más a su despacho, con el objetivo de proteger su integridad y evitar un posible atentado.
Esta medida, aunque extrema, refleja el nivel de desprotección que, según el propio magistrado, enfrenta dentro del sistema judicial. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes administran justicia.
Exhorto a proteger a jueces y personal judicial
En su pronunciamiento, la Corte Nacional exhortó a las autoridades competentes a brindar protección inmediata y efectiva no solo al juez Serrano, sino también al resto de jueces y funcionarios judiciales que enfrentan riesgos similares.
La institución recalcó que la seguridad de los operadores de justicia es indispensable para que puedan cumplir su labor sin temor y con apego a la ley. Además, advirtió que permitir que las amenazas condicionen decisiones judiciales sienta un precedente peligroso para la democracia y el combate contra la corrupción y el crimen organizado.
Un caso que evidencia la fragilidad del sistema
El alejamiento de Carlos Serrano de su cargo, motivado por amenazas y falta de protección, evidencia las debilidades estructurales del sistema judicial ecuatoriano frente al avance de las mafias y redes criminales. Organizaciones sociales y actores del ámbito jurídico han manifestado su preocupación por el mensaje que este caso envía a otros jueces que conocen procesos sensibles.
La situación también plantea interrogantes sobre el rol del Consejo de la Judicatura y las medidas de protección que se activan —o se retiran— en casos de alto riesgo, así como sobre la necesidad de políticas integrales de seguridad judicial.
Conclusión
El pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia marca una posición institucional clara frente a las amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano. Sin embargo, el caso deja en evidencia que el rechazo público no es suficiente si no se acompaña de acciones concretas para garantizar la seguridad de quienes enfrentan al crimen organizado desde los tribunales. La protección efectiva de los jueces no solo resguarda vidas, sino que fortalece la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en el país.
