La tensión en Ecuador sigue en aumento tras la eliminación del subsidio al diésel decretada por el gobierno de Daniel Noboa. En este contexto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) acusó públicamente a las Fuerzas Armadas de ser responsables de la muerte de un miembro de una comunidad indígena durante los enfrentamientos registrados en la Sierra central, cerca de Quito.
El hecho que detonó la acusación
De acuerdo con los dirigentes de la CONAIE, el comunero perdió la vida en un operativo militar desplegado para desalojar un bloqueo de carretera. Testigos aseguran que la víctima recibió impactos de proyectil mientras intentaba escapar de la represión. La organización sostiene que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza y que no existía justificación para disparar contra manifestantes desarmados.
El hecho ocurrió en medio de una jornada de protestas donde se reportaron bloqueos, marchas y enfrentamientos en varias provincias del país. La propia CONAIE ha difundido fotografías y videos en redes sociales, exigiendo justicia y la intervención de organismos internacionales para investigar el caso.
Respuesta del Gobierno
El Ejecutivo, por su parte, no ha confirmado la responsabilidad de los militares en la muerte del comunero. En un comunicado, el Ministerio de Defensa expresó que los uniformados actuaron “bajo protocolos de seguridad” y que se abrirán investigaciones para determinar lo sucedido. El presidente Noboa, consultado por la prensa, aseguró que su administración no permitirá abusos, pero insistió en que las protestas están siendo infiltradas por grupos violentos que buscan generar caos.
La Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una indagación previa, pero no ha dado mayores detalles sobre las diligencias realizadas. Hasta el momento, no se conocen peritajes forenses oficiales ni declaraciones de testigos bajo juramento, lo que alimenta la percepción de impunidad.
La posición de la CONAIE
La acusación contra las Fuerzas Armadas eleva la tensión entre la organización indígena y el Gobierno. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, señaló que el asesinato constituye “un crimen de Estado” y que no descansarán hasta que los responsables sean sancionados.
La organización advirtió que, de no existir una respuesta inmediata, radicalizarán las protestas en todo el territorio nacional. Según Iza, el movimiento indígena está dispuesto a dialogar, pero no bajo amenazas ni mientras la sangre de sus compañeros siga impune.
La CONAIE también hizo un llamado a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, para que vigilen la situación y acompañen el proceso de investigación.
Reacciones sociales y políticas
El hecho ha generado indignación en distintos sectores. Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales denunciaron la militarización del país y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Para ellos, lo ocurrido es una repetición de patrones ya vistos en protestas pasadas, como las de 2019 y 2022, cuando también se denunciaron muertos y heridos en choques con las fuerzas del orden.
En el ámbito político, legisladores de oposición cuestionaron al Gobierno por no ofrecer garantías a la protesta social. Algunos incluso hablaron de iniciar procesos de fiscalización contra los ministros de Defensa y Gobierno.
Mientras tanto, sectores afines al oficialismo respaldan la postura de Noboa, insistiendo en que las manifestaciones deben ser controladas y que no se puede permitir que grupos radicales paralicen al país.
Un conflicto que se agrava
El asesinato del comunero indígena se suma a la muerte de otro manifestante y a las decenas de heridos registrados desde el inicio de las protestas. La crisis no solo refleja el descontento social frente a la eliminación de subsidios, sino también la fragilidad de la relación entre el movimiento indígena y el Estado.
La historia reciente de Ecuador muestra que la CONAIE ha sido un actor determinante en momentos de convulsión política. El actual enfrentamiento podría escalar si no se logra una mediación efectiva que evite nuevas víctimas y permita encauzar el conflicto hacia un diálogo real.
Por ahora, el país se mantiene en un frágil equilibrio: carreteras cerradas, mercados desabastecidos, pérdidas económicas millonarias y una sociedad cada vez más polarizada. El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para responder con transparencia y del movimiento indígena para sostener la presión sin que la violencia siga cobrando vidas.
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