La Denuncia de la Contraloría: Omisión de Normas y Falta de Cumplimiento Técnico
La Contraloría General del Estado ha desatado una nueva controversia en la capital ecuatoriana con su examen especial a la compra de los 60 trolebuses eléctricos. Los hallazgos principales se centran en dos áreas de alta sensibilidad:
- La Vía de Contratación: La CGE argumenta que, para un proceso de adquisición estandarizado como la compra de vehículos, la contratación pública debió haberse efectuado mediante el mecanismo de subasta inversa electrónica, tal como lo exige la ley. La CGE sugiere que al no seguir este procedimiento, se pudo haber limitado la libre competencia y la transparencia en la adjudicación.
- Incumplimiento de Especificaciones Técnicas: Uno de los puntos más críticos del informe es la aseveración de que los trolebuses entregados por la empresa china Yutong no cumplen con al menos 15 de las especificaciones técnicas detalladas en el contrato. Estos incumplimientos, según la Contraloría, afectan elementos de seguridad y diseño operacional de los vehículos, generando preocupaciones sobre la idoneidad y calidad de la flota.
Además de estas irregularidades, el informe ha identificado indicios de responsabilidad penal, que serán remitidos a la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente, y ha establecido responsabilidades civiles por montos que superan los 2.5 millones de dólares, además de responsabilidades administrativas para la gestión de la Empresa de Pasajeros.
La Respuesta del Municipio: Defensa de la Transparencia y la Vía UNOPS
El Municipio de Quito ha salido al paso de las acusaciones de la CGE con un comunicado enérgico, asegurando que el informe "carece de un sustento técnico y legal" y que no se tomaron en cuenta los justificativos presentados por la EPMTPQ durante el proceso de auditoría.
El alcalde Pabel Muñoz ha interpretado el informe como un acto de "persecución política", sugiriendo que las acciones de la Contraloría están motivadas por intereses ajenos a la fiscalización técnica. El Municipio ha defendido firmemente que la compra de los trolebuses eléctricos se ejecutó bajo un esquema de total transparencia, destacando varios puntos a su favor:
- Liderazgo de UNOPS: El proceso se llevó a cabo con la asistencia técnica y el liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), una entidad internacional que supuestamente garantiza la pulcritud y la adherencia a altos estándares de contratación.
- Ahorro Presupuestario: El Municipio insiste en que el valor final de la compra fue inferior al presupuesto referencial inicialmente proyectado, lo que demostraría una gestión eficiente de los recursos.
- Modernización Histórica: La administración municipal defiende la decisión como un paso histórico hacia la modernización de la flota de transporte público de Quito, al reemplazar vehículos antiguos por unidades 100% eléctricas y ecológicas.
Actualmente, los 60 trolebuses eléctricos continúan operando en la ciudad, pero la controversia generada por el informe de la Contraloría ha escalado a un conflicto institucional que requerirá la intervención de la justicia para determinar la validez de los hallazgos y las posibles responsabilidades.
