El martes 29 de julio de 2025, la Asamblea Nacional recibió oficialmente el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado como urgente en materia económica y remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin. Esta propuesta se convierte en la cuarta enviada bajo esta modalidad en lo que va del año.
Según el artículo 140 de la Constitución, el Legislativo tiene un plazo máximo de 30 días para aprobar, modificar o rechazar el proyecto. Luego de su ingreso y calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la comisión correspondiente dispondrá de 10 días para presentar un informe. La ciudadanía también podrá participar con observaciones durante al menos cinco días.
Cerrar vías al lavado y reforzar transparencia
El proyecto tiene como finalidad establecer un marco legal que permita prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capitales, promoviendo la integridad financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario.
Un eje central del proyecto es la regulación y control sobre organizaciones de la sociedad civil, tales como fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras.
En Ecuador, existen 71.786 organizaciones registradas, de las cuales 61.025 están vigentes, con una alta concentración en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. La preocupación del Ejecutivo radica en que algunas de estas organizaciones podrían estar siendo utilizadas como fachadas para actividades ilícitas, como el lavado de activos o evasión fiscal.
Registro obligatorio y nuevos controles
De aprobarse la ley, todas las organizaciones activas deberán registrarse ante la autoridad competente en un plazo máximo de 90 días. Quienes incumplan podrían enfrentarse a sanciones administrativas e incluso penales.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de la supervisión, auditoría y control de estas organizaciones. Además, se establecerán pilares rectores de integridad, que incluyen mecanismos de transparencia, responsabilidades institucionales, incentivos fiscales por cumplimiento y un sistema de monitoreo financiero.
Reforma transversal a varias leyes
El proyecto también contempla reformas a importantes cuerpos legales, como:
- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana
- Ley Orgánica para la Prevención del Lavado de Activos
- Ley de Régimen Tributario Interno
Estas modificaciones buscan alinear las normativas vigentes con el objetivo de cerrar brechas jurídicas y operativas que permitan flujos financieros no controlados dentro del país.
Conclusión
La Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales representa un paso firme del Gobierno ecuatoriano hacia el fortalecimiento de la transparencia fiscal y financiera. Aunque el proyecto podría generar debate por su enfoque en las organizaciones sociales, también refleja una creciente preocupación por el uso indebido de estructuras legales para cometer delitos financieros. La Asamblea Nacional tiene en sus manos una iniciativa clave para proteger la economía del país y recuperar la confianza en el manejo de los recursos desde todos los sectores.
