En una operación ejecutada por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado la madrugada de este jueves 7 de agosto de 2025, fue detenido el alcalde del cantón Pujilí, José Alcides A.C., bajo sospecha de haber incurrido en el delito de peculado relacionado con contratos de obras públicas municipales.

El caso, identificado como "Ornato Municipal", involucra presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con obras de mejoramiento urbano. Según fuentes fiscales, se habrían detectado pagos con sobreprecio, contratos entregados sin concurso público y la emisión de facturas por servicios que no se ejecutaron. El perjuicio económico al municipio superaría los USD 300.000, aunque esta cifra podría aumentar conforme avancen las investigaciones.

Durante el operativo, las autoridades allanaron las oficinas del Municipio de Pujilí y también el domicilio del alcalde, donde incautaron documentos, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían contener información clave para el caso. La Fiscalía indicó que esta es apenas la primera fase de un proceso más amplio que podría involucrar a otros funcionarios municipales.

La detención de José Alcides generó un fuerte impacto en la comunidad local. Ciudadanos expresaron su indignación a través de redes sociales y medios locales, exigiendo transparencia, justicia y una auditoría total a la administración del cabildo.

La Contraloría General del Estado también ha anunciado que iniciará una auditoría especial a las obras ejecutadas durante la actual gestión municipal. El objetivo es determinar el alcance del daño económico y detectar posibles redes de corrupción al interior del cabildo.

En tanto, el Consejo Municipal de Pujilí se encuentra en sesión extraordinaria para definir quién asumirá temporalmente las funciones de alcalde mientras se desarrolla el proceso judicial. La prefectura de Cotopaxi ha exhortado a la ciudadanía a mantener la calma y a confiar en el debido proceso.

Este caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los gobiernos autónomos descentralizados (GADs), que a menudo operan con escasa supervisión y donde los niveles de opacidad han permitido actos de corrupción a lo largo de los años.

La Fiscalía ha indicado que la audiencia de formulación de cargos se desarrollará en las próximas horas y se espera que se dicten medidas cautelares, como prisión preventiva o arresto domiciliario. De ser hallado culpable, el alcalde podría enfrentar una pena de hasta 13 años de prisión, según lo establece el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Finalmente, organizaciones ciudadanas y veedurías locales han solicitado que este caso no quede en la impunidad y que se amplíen las investigaciones a otros municipios de la provincia, donde también se han registrado denuncias similares en años anteriores.