Quito, 22 de julio de 2025 – La tensión diplomática entre Venezuela y El Salvador alcanzó un nuevo punto crítico. Este lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación penal formal contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele, así como contra su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
Las autoridades venezolanas los acusan de haber incurrido en delitos graves contra los derechos humanos, incluyendo tortura, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir, en relación con el trato que recibieron más de 250 migrantes venezolanos que fueron detenidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
🔍 ¿Qué originó la investigación?
La denuncia se remonta a los meses de marzo y abril de 2025, cuando Estados Unidos deportó masivamente a cientos de migrantes venezolanos como parte de su política de contención migratoria en la frontera sur. Un grupo de al menos 238 venezolanos fue redirigido a El Salvador bajo acuerdos de cooperación entre Washington y San Salvador. Allí, las autoridades salvadoreñas los identificaron como presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua.
Los migrantes fueron detenidos sin juicio previo y encerrados por semanas en el CECOT, una cárcel de máxima seguridad conocida por su régimen estricto, condiciones extremas y control total del movimiento de los presos. Las denuncias de los propios migrantes y sus familiares aseguran que durante su detención fueron encadenados, golpeados, privados de alimentos, atención médica y visitas legales, todo sin acceso a un proceso judicial transparente.
🧾 Posible trasfondo político
El anuncio de la investigación por parte de Venezuela llega poco después de que El Salvador liberara y repatriara a los migrantes venezolanos detenidos, como parte de un intercambio diplomático que incluyó la liberación de presos salvadoreños detenidos en Venezuela por motivos políticos.
No obstante, en su declaración oficial, el fiscal Saab aseguró que “la investigación responde a graves violaciones a los derechos humanos, independientemente del contexto diplomático” y que Venezuela tiene la obligación soberana de garantizar justicia a sus ciudadanos en el exterior.
🌐 Respuesta de Bukele
Como es habitual, Nayib Bukele reaccionó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). En tono desafiante, el presidente salvadoreño calificó la investigación como un “acto desesperado” del régimen de Nicolás Maduro, acusando a Venezuela de montar una narrativa política tras haber “perdido influencia con Estados Unidos”.
Bukele escribió:
“El régimen de Maduro acaba de darse cuenta de que ya no tiene rehenes del país más poderoso del mundo. Por eso se inventa una investigación contra nosotros. Ridículos y predecibles como siempre.”
Esta respuesta fue ampliamente comentada tanto por medios internacionales como por ciudadanos de ambos países, generando un debate sobre los límites del poder diplomático y la responsabilidad internacional ante denuncias de abusos.
📢 Reacciones internacionales
Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han expresado su preocupación por las condiciones de los migrantes venezolanos detenidos en terceros países y han pedido mayor transparencia en los procesos de detención y deportación.
A su vez, expertos en relaciones internacionales señalan que esta investigación podría escalar a niveles más altos si Venezuela presenta pruebas ante instancias como la Corte Penal Internacional (CPI), aunque El Salvador no reconoce su jurisdicción plena en estos casos.
🧭 Un conflicto que trasciende fronteras
Este episodio no solo pone en tela de juicio la política migratoria salvadoreña, sino que evidencia una vez más el complejo entramado de acuerdos entre Estados Unidos, América Latina y países que enfrentan crisis humanitarias como Venezuela.
En el centro de todo, están los migrantes: ciudadanos que huyen de la pobreza, la represión o la falta de oportunidades, y que ahora se ven atrapados entre gobiernos enfrentados, cárceles de máxima seguridad y procesos judiciales que podrían durar años.
