Bogotá, 22 de octubre de 2025
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue absuelto este martes por un tribunal de apelaciones que revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria que pesaba en su contra por los delitos de soborno y manipulación de testigos. La decisión, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, marca un punto de inflexión en la justicia y la política colombiana, reavivando el debate sobre la independencia judicial y el peso de las figuras históricas en el país.
Según el fallo, la Corte consideró que el proceso contra Uribe presentaba “deficiencias estructurales” y que las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para demostrar que el exmandatario hubiese ordenado o participado directamente en la manipulación de testigos. Este argumento desmonta años de investigación que iniciaron en 2018, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de haber promovido un entramado de falsos testimonios para deslegitimar denuncias sobre su presunto vínculo con grupos paramilitares.
El caso tuvo un giro dramático en 2020, cuando Uribe fue detenido en su finca de Antioquia, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano privado de libertad. Su arresto provocó protestas masivas, polarización mediática y una fractura en el panorama político nacional. Con esta absolución, los sectores de derecha celebran lo que consideran una “victoria de la justicia sobre la persecución política”, mientras la oposición denuncia que el poder del uribismo sigue influyendo en las instituciones judiciales.
Expertos señalan que esta decisión podría tener consecuencias electorales inmediatas. Uribe, líder del partido Centro Democrático, había mantenido un perfil bajo tras la condena, pero su absolución podría abrirle las puertas a una reconfiguración de la derecha colombiana y a una eventual alianza con sectores conservadores que buscan recuperar terreno frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Esto no es solo una absolución, es una señal de que el país sigue dividido entre quienes ven a Uribe como un salvador y quienes lo consideran símbolo de impunidad”, afirmó la politóloga Sandra Buitrago en declaraciones a El Tiempo. Por su parte, el expresidente se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter): “La verdad prevalece. Agradezco a quienes nunca dudaron de mi inocencia. Seguiré trabajando por Colombia”.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos lamentaron el fallo, argumentando que la decisión puede debilitar la confianza ciudadana en la justicia. “Este caso demuestra cómo las estructuras de poder pueden torcer procesos judiciales de alto perfil”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.
En el plano internacional, gobiernos y analistas ven este episodio como una advertencia sobre la fragilidad de los sistemas judiciales en América Latina, donde los líderes políticos mantienen influencia prolongada después de dejar el poder. Colombia enfrenta así un nuevo ciclo de polarización, desconfianza y reacomodo político, justo en un año previo a las elecciones legislativas de 2026.
La historia de Álvaro Uribe, que combina popularidad, controversia y poder, sigue siendo una de las más decisivas para entender el rumbo del país. Su absolución no cierra una etapa: más bien reabre viejas heridas sobre la relación entre justicia, poder y memoria en Colombia.
