A dos años de la histórica consulta popular en la que el 53% de los ecuatorianos votaron a favor de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra, colectivos como Yasunidos y organizaciones Waorani acusan al Gobierno de Daniel Noboa de incumplir la voluntad popular. Según denuncian, en lugar de aplicar un plan concreto para cerrar los pozos del Bloque 43-ITT, el Ejecutivo ha presentado excusas y extendido plazos que contradicen lo aprobado por la ciudadanía.
Críticas a la estrategia gubernamental
Las organizaciones sostienen que el Gobierno utiliza el prestigio internacional de la consulta como herramienta de legitimación política y diplomática, mientras en la práctica mantiene una política extractivista. Para los activistas, esta contradicción representa una “estafa medioambiental”, ya que mientras se promueven nuevas consultas populares, no se respeta el cumplimiento de las que ya se realizaron.
El plazo incumplido
El mandato ciudadano establecía que el retiro de las operaciones petroleras debía cumplirse en un plazo máximo de un año. Sin embargo, el cronograma oficial de Petroecuador posterga el cierre hasta 2030, con un proceso de desmantelamiento de infraestructura que se prolongaría incluso hasta 2034, lo cual contradice la voluntad expresada en las urnas.
La importancia del Yasuní
El Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989, es considerado uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta y hogar de comunidades indígenas, incluidas aquellas en aislamiento voluntario. Con más de 10.200 km², se ha convertido en un símbolo de la lucha socioambiental en Ecuador y en el mundo.
La voz de los colectivos
Los Yasunidos y los pueblos Waorani remarcan que la defensa del Yasuní no es solo un asunto ambiental, sino también de respeto a la democracia. “Si el Gobierno no cumple con la voluntad popular, ¿qué confianza podemos tener en las próximas consultas?”, cuestionan.
Conclusión
El incumplimiento del mandato popular sobre el Yasuní refleja una tensión entre el discurso internacional del Gobierno y sus acciones internas. Mientras la ciudadanía exige respeto a la decisión democrática y protección de una de las zonas más biodiversas del planeta, el cronograma oficial prolonga la explotación hasta 2030, generando desconfianza y un creciente malestar social.
