Quito, 28 de agosto del 2025.
Minas antipersonales en México: la silenciosa guerra entre cárteles
Desde 2022, México ha presenciado un preocupante aumento en el uso de minas antipersonales e IEDs (artefactos explosivos improvisados) por parte de organizaciones del crimen organizado, principalmente cárteles de narcotráfico. Estas armas, prohibidas internacionalmente y consideradas de lesa humanidad, han pasado a formar parte de la estrategia criminal para controlar territorios, generar miedo y obstaculizar el accionar de las fuerzas de seguridad y comunidades locales.
Estrategia letal de control territorial
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido uno de los grupos que más ha recurrido a estas tácticas. Según informes de autoridades y medios especializados, el cártel sembró más de 250 minas en zonas rurales de Michoacán, incluyendo los municipios de Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán. Los dispositivos, inicialmente simples tubos de plástico rellenos de pólvora y fragmentos metálicos, han evolucionado hacia artefactos más sofisticados, con mayor carga explosiva y esquirlas diseñadas para maximizar los daños.
La utilización de drones armados y la fabricación de minas más complejas reflejan la profesionalización de estas redes criminales, que buscan imponer su dominio sobre regiones estratégicas mediante la violencia y el terror.
Zonas más afectadas
El fenómeno se ha concentrado en varias regiones del país:
- Tierra Caliente (Michoacán): Se han detectado cientos de minas en descampados, brechas y comunidades, con un impacto directo sobre la movilidad de la población y la operación de las fuerzas de seguridad.
- Michoacán y Jalisco: Las minas artesanales han provocado múltiples víctimas, tanto militares como civiles, en el último bienio.
- Nayarit (norte): Autoridades locales han identificado dispositivos explosivos en áreas de difícil acceso, producto de la disputa territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
- Otros estados: Entre 2021 y 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desactivó más de 2.200 artefactos en entidades como Chihuahua, Colima, Guerrero, Guanajuato, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Michoacán.
Impacto humano y social
La utilización de minas y explosivos improvisados ha tenido consecuencias trágicas. En mayo de 2025, ocho elementos de la Guardia Nacional murieron tras pisar un dispositivo colocado por el CJNG en Los Reyes, Michoacán. Entre 2023 y 2024, decenas de agentes y soldados resultaron heridos o fallecieron en emboscadas similares.
El daño no se limita a personal militar o policial: civiles, incluidos campesinos, maestros y familias enteras, han sufrido lesiones graves o han perdido la vida. La amenaza constante ha generado desplazamientos forzados de miles de personas en regiones como Apatzingán, Tierra Caliente y Huajicori, Nayarit, dejando comunidades incompletas y territorios abandonados.
Además, los artefactos contaminan terrenos agrícolas, interrumpen la actividad económica local y provocan secuelas psicológicas profundas en los sobrevivientes y desplazados.
Escalada de militarización y respuesta institucional
Frente a esta amenaza, el Estado mexicano ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar la proliferación de minas. Se han creado brigadas antibombas especializadas y se han implementado patrullajes y protocolos de seguridad en zonas de difícil acceso. La capacitación de fuerzas estatales y federales en técnicas de desminado y manejo de explosivos se ha vuelto prioritaria para garantizar la protección de la población y la recuperación de territorios afectados.
En Michoacán, por ejemplo, la Sedena activó la denominada “De-Mining Unit 2”, con la misión de localizar, neutralizar y retirar minas antipersonales en comunidades rurales y descampados, contribuyendo a reducir el riesgo para la ciudadanía y la movilidad de los habitantes.
Innovación criminal y riesgos futuros
La sofisticación de las minas y el uso de tecnologías como drones armados evidencian que los cárteles mexicanos no solo recurren a la violencia convencional, sino que buscan implementar tácticas militares en su lucha por el control territorial. Este fenómeno plantea nuevos desafíos a las autoridades de seguridad, al tiempo que incrementa el riesgo de víctimas civiles y militares.
Los expertos señalan que el problema no solo implica la inmediata amenaza física, sino que tiene repercusiones a largo plazo: la desconfianza en las instituciones, la interrupción de la vida comunitaria y la devastación de áreas productivas pueden perpetuar ciclos de violencia y abandono territorial por décadas.
Conclusión
El uso de minas antipersonales e IEDs por parte de cárteles en México representa una escalada significativa de la violencia criminal. La estrategia de imponer terror mediante armas prohibidas ha generado un impacto profundo en la vida de civiles, militares y policías, y ha transformado amplias regiones del país en zonas de alto riesgo.
Más allá de las víctimas directas, esta “guerra silenciosa” deja huellas en la economía local, en la estructura social de las comunidades y en la psique de quienes habitan en territorios minados. La recuperación y desminado de estas áreas, así como la implementación de políticas de prevención y seguridad, serán elementos cruciales para mitigar los efectos de un conflicto que, hasta ahora, parece destinado a prolongarse.
