El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado un nuevo desembolso de USD 600 millones para Ecuador, como parte de su programa de asistencia financiera. El gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, sostiene que estos fondos permitirán cerrar brechas fiscales y garantizar servicios básicos, sin embargo, diversos sectores alertan sobre el creciente endeudamiento externo.
En apenas cinco años, la deuda con el FMI ha pasado de USD 1.400 millones a más de USD 8.700 millones, un incremento del 520 %. Esto ha sido acompañado de medidas de austeridad, recortes presupuestarios y reformas estructurales que han generado tensiones sociales y protestas en distintas regiones del país.
El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, aseguró que el país se encuentra en una “fase de estabilización económica”, y que estos recursos permitirán garantizar el pago a proveedores, continuidad de obras públicas y fortalecimiento del sector energético.
No obstante, analistas como el economista Pablo Dávalos critican la falta de debate nacional sobre los impactos sociales de estos préstamos. Señalan que el modelo de financiamiento externo impone condiciones que limitan la inversión social y comprometen la soberanía económica.
