El conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 continúa marcando la realidad nacional. A más de un año del anuncio, Ecuador sigue atrapado en una espiral de violencia vinculada al narcotráfico, con cifras alarmantes y una ciudadanía que vive entre el miedo y la incertidumbre.

Las bandas delictivas como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, entre otras, han sido declaradas grupos terroristas y objetivos militares. Este conflicto ha transformado la seguridad interna del país: militares patrullan las calles, los estados de excepción son constantes, y las cárceles se han convertido en zonas de guerra.

En las principales ciudades —especialmente Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Durán— los homicidios violentos han aumentado considerablemente. A esto se suman secuestros exprés, extorsiones a comerciantes y atentados con explosivos que buscan generar terror.

Según el Observatorio de Crimen Organizado, Ecuador registró más de 7.800 muertes violentas en 2024, el doble que en 2022. A nivel internacional, se posiciona como uno de los países con mayor crecimiento de violencia en Sudamérica.

La respuesta del Gobierno ha sido militarizar el territorio y construir nuevas prisiones de máxima seguridad, como la anunciada en Santa Elena. Sin embargo, expertos en seguridad y derechos humanos advierten que el enfoque represivo por sí solo no es suficiente. Falta una estrategia integral que aborde las raíces del problema: la pobreza, el desempleo, el lavado de activos y la corrupción.