El Comité de Ética de la Función Judicial aprobó el pasado 16 de junio un documento que establece los 'principios y directrices básicas para el uso responsable de la inteligencia artificial' en el sistema judicial ecuatoriano. La iniciativa busca regular la adopción de estas herramientas por parte de jueces, fiscales y defensores públicos, quienes hasta ahora carecían de un marco normativo claro.
El documento, elaborado por la Universidad Pompeu Fabra-Barcelona School of Management en el marco de un convenio con la Defensoría Pública, fue revisado por organismos como la Unesco, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo. Contiene 23 principios rectores y directrices generales y específicas según el tipo de actor judicial.
Según el defensor del Pueblo, Ricardo Morales, quien presidió el comité, muchos servidores judiciales en Ecuador ya utilizaban la inteligencia artificial sin ningún tipo de orientación, lo que generaba riesgos significativos. Morales advirtió sobre la posibilidad de que un juez dicte una sentencia basada en jurisprudencia inexistente o mal interpretada, que un fiscal filtre información sensible al ingresar datos de un investigado en una herramienta pública, o que un defensor construya una estrategia sobre una traducción incorrecta generada por IA.
Entre las cinco directrices comunes más importantes se destaca que la decisión judicial debe ser siempre humana: ninguna inteligencia artificial puede emitir, reemplazar ni determinar resoluciones judiciales. El texto también aborda la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, estableciendo un precedente en la región para el uso ético de la tecnología en el ámbito judicial.
