Inicio de la investigación por tráfico de influencias
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de que se conociera que un funcionario del Consejo de la Judicatura habría ejercido presiones indebidas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano. El objetivo de esta supuesta intervención habría sido influir en su voto dentro del tribunal que juzgó al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, acusado de lavado de activos en el denominado Caso Euro2024.
De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía busca determinar si existió una acción ilegal orientada a beneficiar al procesado, quien enfrentaba cargos por liderar una red transnacional de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico internacional.
El Caso Euro2024 y su alcance internacional
El Caso Euro2024 es una de las investigaciones más relevantes en materia de lavado de activos en Ecuador. Según la Fiscalía, esta causa expone un entramado financiero asociado a la mafia balcánica, con operaciones de movimiento de dinero desde Ecuador hacia Europa.
Jezdimir Srdan fue señalado como el presunto líder de esta red criminal, lo que convirtió su juzgamiento en un proceso de alto perfil y con especial atención por parte de las autoridades judiciales y de seguridad del Estado.
Amenazas durante la audiencia judicial
Uno de los hechos más graves revelados en el proceso consta en un parte policial de inteligencia. Durante la audiencia de juzgamiento, mientras el tribunal deliberaba sobre la sentencia, Srdan habría realizado un gesto considerado universalmente como una amenaza de muerte.
Según el informe, el ciudadano serbio deslizó su dedo índice horizontalmente por su cuello en un momento en el que su micrófono se encontraba desactivado. Este acto fue interpretado como una señal intimidatoria dirigida a los jueces que integraban el tribunal: Carlos Serrano, Christian Fierro y Gabriela Lara.
Presiones previas al fallo judicial
La cadena Ecuavisa corroboró que, horas antes de la audiencia, específicamente el 20 de noviembre de 2025, el juez Carlos Serrano habría sido presionado por un integrante del Consejo de la Judicatura, cuya identidad no ha sido revelada públicamente.
Según estas versiones, la presión tenía como finalidad que Serrano vote por la inocencia de Jezdimir Srdan, a pesar de los elementos presentados por la Fiscalía en el proceso penal.
Sentencia pese a las amenazas
A pesar de las presiones y el contexto de intimidación, el 21 de noviembre de 2025 el tribunal emitió su resolución. Los jueces Carlos Serrano y Christian Fierro votaron por declarar culpable a Srdan del delito de lavado de activos y le impusieron una pena de 10 años de prisión.
Por su parte, la jueza Gabriela Lara salvó su voto y se pronunció por la inocencia del acusado. Esta división evidenció la complejidad del caso y el alto nivel de tensión que rodeó la deliberación judicial.
Escalada de riesgos para el juez Serrano
Días antes de la audiencia, la Policía Nacional logró desactivar un coche bomba que fue localizado en las inmediaciones del complejo judicial, en una calle cercana a la oficina del juez Carlos Serrano. Este hecho elevó considerablemente el nivel de riesgo para el magistrado.
Sin embargo, pese a estos antecedentes, el 2 de diciembre de 2025 el Consejo de la Judicatura resolvió retirar la protección policial asignada al juez. Los agentes que lo custodiaban le notificaron formalmente mediante un oficio que debían cesar el acompañamiento.
Salida del juez y consecuencias judiciales
Ante la falta de garantías de seguridad y al considerar que se encontraba en riesgo extremo, Carlos Serrano decidió dejar de laborar a partir del 17 de diciembre de 2025. Su decisión se fundamentó en la ausencia de protección institucional pese a las amenazas recibidas.
La salida del magistrado tiene efectos directos en otros procesos de alto impacto. Entre ellos, la audiencia de juzgamiento contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuya diligencia fue adelantada del 30 de enero de 2025 al 24 de diciembre de 2025, en un contexto marcado por la inestabilidad judicial.
Relevancia institucional del caso
La investigación abierta por la Fiscalía pone nuevamente en el centro del debate la independencia judicial y la protección de los operadores de justicia que conocen casos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.
El desarrollo de esta causa será clave para determinar si existieron responsabilidades penales por presuntas presiones indebidas y para establecer precedentes sobre la defensa del Estado de derecho frente a estructuras criminales con capacidad de intimidación.
