Quito, 28 de agosto del 2025.
En Venezuela alertan sobre reclutamiento forzoso en zonas mineras para la Milicia.
Desde la última semana de agosto de 2025, se han reportado operativos de reclutamiento obligatorio en comunidades del estado Bolívar, dirigidos a hombres jóvenes para incorporarlos a la Milicia Nacional Bolivariana. Fuentes locales y medios de comunicación han denunciado que estas acciones se llevan a cabo luego de que una convocatoria masiva voluntaria realizada por el gobierno de Nicolás Maduro no alcanzara la participación esperada.
Contexto del reclutamiento
El 23 y 24 de agosto, el presidente Maduro promovió una jornada de alistamiento voluntario a la Milicia como respuesta a la presencia militar estadounidense en el Caribe. Sin embargo, la inscripción se concentró principalmente en Caracas, dejando fuera a otras regiones del país. Ante la escasa respuesta, autoridades iniciaron un reclutamiento forzoso en zonas estratégicas, especialmente en comunidades mineras del sur de Venezuela, donde se concentran recursos de gran valor económico.
Denuncias en Bolívar
Habitantes de localidades como Tumeremo, El Dorado y La Camorra han reportado que vehículos del Ejército recorrían las calles durante la madrugada para alistar a jóvenes sin su consentimiento. Testimonios locales relatan que, a pesar de permanecer en sus hogares, algunos jóvenes fueron trasladados por la fuerza. Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el despliegue militar en estas áreas rurales, evidenciando el alcance de los operativos.
Marco legal y constitucional
La Constitución venezolana prohíbe expresamente el reclutamiento forzoso. El artículo 134 establece que nadie puede ser obligado a incorporarse al servicio militar, garantizando la libertad de los ciudadanos para decidir su participación. Sin embargo, la falta de mecanismos efectivos de supervisión y protección deja a los afectados sin alternativas legales para impedir este tipo de prácticas.
Implicaciones y riesgos
El reclutamiento obligatorio en zonas mineras genera preocupación por posibles violaciones de derechos humanos y un aumento de la militarización de territorios estratégicos, como el Arco Minero del Orinoco. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre riesgos de abusos y señalan que la medida puede profundizar la inseguridad en comunidades ya vulnerables, afectando tanto a los jóvenes reclutados como a sus familias.
Conclusión
El reclutamiento forzoso en el sur de Venezuela constituye una violación de derechos fundamentales y contraviene los principios constitucionales del país. La situación exige atención nacional e internacional para garantizar que se respeten las libertades individuales y se eviten abusos contra los ciudadanos en las regiones afectadas.
