QUITO — En una sesión decisiva que marca el ritmo de la agenda económica de este 2026, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 24 de febrero, el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Con ocho votos a favor de la bancada oficialista y sus aliados, la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente se encamina a su etapa final de aprobación, con el objetivo de captar capitales frescos en sectores considerados vitales para la caja fiscal.
Flexibilización administrativa y ambiental
El corazón de la reforma reside en la simplificación de procesos que, según el Ejecutivo, han mantenido "congelados" cientos de proyectos de inversión extranjera directa. Entre los cambios más disruptivos se encuentra la sustitución de la licencia ambiental por una "autorización ambiental" para ciertas fases de la actividad, además de la unificación de las etapas de exploración en una sola, buscando reducir los tiempos de trámites de años a solo unos meses.
El proyecto también plantea la creación de "clústeres mineros integrales" y una nueva patente de conservación, herramientas diseñadas para formalizar la actividad y combatir la expansión de la minería ilegal, un flagelo que el presidente Noboa ha vinculado directamente con el financiamiento del crimen organizado y el terrorismo en las zonas de frontera.
El sector eléctrico en la mira
En el ámbito energético, la ley busca dar respuesta a la inestabilidad del suministro que ha afectado al país en el último año. Se propone un marco regulatorio que facilite la autogeneración privada y la inversión en energías renovables no convencionales. Un punto clave es la obligación de destinar al menos el 70% del presupuesto de inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura eléctrica, intentando blindar al sistema nacional de futuras crisis por falta de mantenimiento técnico.
Controversias y resistencia social
A pesar del avance legislativo, la ley no ha estado exenta de críticas. Organizaciones ambientales y defensores del agua han expresado su preocupación por lo que consideran un "debilitamiento" de los controles ecológicos, especialmente en zonas de alta sensibilidad como el Chocó Andino o la Amazonía. En la ciudad de Cuenca, se han registrado movilizaciones ciudadanas que alertan sobre los riesgos para las fuentes hídricas, mientras que algunos asambleístas de oposición denuncian que la ley privilegia los intereses de grandes transnacionales sobre las poblaciones locales.
El asambleísta Blasco Luna, uno de los votos en contra, señaló que la propuesta carece de salvaguardas suficientes para la protección de áreas protegidas y zonas de recarga hídrica, sugiriendo que la "urgencia económica" no debe pasar por encima de la soberanía ambiental.
Impacto económico esperado
Para el Gobierno, esta ley es la piedra angular de su estrategia de reactivación. Con una balanza comercial presionada por las tensiones arancelarias con Colombia y la caída en la demanda global de crudo, la minería formal se proyecta como el principal rubro de exportación no petrolero. Se estima que, de aprobarse el texto íntegro, el flujo de inversión en estos sectores podría incrementarse en un 15% anual durante el próximo trienio, generando miles de empleos directos y dinamizando la economía de las provincias mineras.
Se espera que el Pleno de la Asamblea Nacional sea convocado en las próximas 48 horas para la votación definitiva, antes de que se cumpla el plazo de 30 días para los proyectos de carácter urgente.
