Desde enero de 2024, la Fiscalía General del Estado ha registrado al menos 31 denuncias de desapariciones forzadas en Ecuador, todas ellas vinculadas a operativos realizados por miembros de las Fuerzas Armadas. A esto se suman 19 ejecuciones extrajudiciales y más de 390 denuncias por uso excesivo de la fuerza, en el marco del régimen de “conflicto armado interno” declarado por el gobierno de Daniel Noboa para combatir al crimen organizado.
Organismos de derechos humanos, como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), han condenado estos hechos y advierten sobre un peligroso patrón de abuso institucional. La controversia se ha intensificado tras la aprobación de la Ley de Solidaridad, que otorga inmunidad legal a miembros de las Fuerzas Armadas por acciones cometidas en cumplimiento de su deber.
Los familiares de las víctimas exigen justicia y transparencia en las investigaciones. Muchos de los desaparecidos eran jóvenes de barrios periféricos, detenidos durante operativos en zonas consideradas “calientes” por las autoridades. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido al gobierno ecuatoriano garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos civiles.
El gobierno, por su parte, defiende su política de seguridad como un “mal necesario” frente al auge de bandas narcodelictivas y la violencia estructural que vive el país. No obstante, el creciente número de denuncias y la falta de avances en las investigaciones ponen en duda el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
