El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó informes que justifiquen el traslado de al menos una decena de jueces que pertenecían a la suprimida Unidad Anticorrupción hacia el Complejo Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito. Los magistrados se presentaron en esas instalaciones el martes 15 de septiembre para cumplir con una disposición administrativa notificada la noche anterior.
La medida se produjo una semana después de que el pleno del CJ resolviera por unanimidad suprimir las dependencias judiciales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. La Resolución 187-2026 también modificó las competencias por materia y territorio de las unidades penales con sede en Iñaquito, La Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha.
Según lo conocido, una parte importante de los 15 jueces de la unidad suprimida fue reubicada en Quitumbe, mientras que al menos tres fueron notificados de su traslado a dependencias judiciales de Calderón, Carapungo y Tumbaco. El vocal Fabián Fabara sostuvo que el pleno aprobó la fusión de competencias, pero aclaró que no tuvo conocimiento directo de las decisiones administrativas sobre los traslados individuales.
Fabara explicó que la resolución amplió las competencias de la Sala Especializada de Garantías Penales y de la unidad especializada en corrupción, y calificó como "inconsulta" la forma en que se ejecutaron los cambios de sede. Añadió que el pleno no aprobó ni votó esas reubicaciones específicas.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la continuidad de las causas anticorrupción y sobre el impacto que el traslado de jueces puede tener en procesos de alta complejidad que se tramitaban en el norte de la capital.
