Quito, 24 de septiembre del 2025.
CONAIE denuncia bloqueo de cuentas a su asesor legal y alerta sobre persecución institucional.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) emitió un comunicado en el que denunció el bloqueo de las cuentas bancarias de su asesor legal. Según la organización, la medida fue ejecutada de manera repentina y sin notificación previa, lo que consideran un atentado contra el derecho a la defensa y una señal de persecución política.
El presidente de la CONAIE, acompañado por otros dirigentes, manifestó que el congelamiento de los fondos personales de su abogado forma parte de un patrón de hostigamiento estatal dirigido a debilitar la capacidad organizativa y jurídica del movimiento indígena. En ese sentido, recordaron que en los últimos meses se han registrado allanamientos, procesos judiciales y señalamientos en contra de líderes sociales que han participado en protestas y acciones de resistencia frente a las decisiones gubernamentales.
La dirigencia indígena subrayó que el asesor legal juega un papel clave en la defensa de los derechos colectivos y en la representación de los pueblos y nacionalidades ante instancias nacionales e internacionales. Por ello, advirtieron que impedir su acceso a recursos financieros no solo afecta a una persona, sino que compromete la capacidad de toda la organización para ejercer su legítima defensa.
“Este no es un hecho aislado; lo interpretamos como una estrategia para amedrentarnos y restringir nuestra lucha. Lo que está en juego es el respeto a los derechos fundamentales y a la democracia en el país”, señaló uno de los voceros de la CONAIE.
La organización anunció que pedirá explicaciones formales tanto a la entidad bancaria involucrada como a las autoridades estatales responsables de regular el sistema financiero. Además, no descartan iniciar acciones legales y convocar a movilizaciones a nivel nacional en defensa de sus derechos y contra lo que consideran un intento de criminalizar la protesta social.
Finalmente, hicieron un llamado a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para que vigilen de cerca esta situación y actúen en defensa de las garantías constitucionales de los pueblos indígenas del Ecuador.
