La industria petrolera ecuatoriana atraviesa en julio de 2025 una crisis sin precedentes. La producción de crudo cayó a apenas 31.831 barriles diarios el 22 de julio, el nivel más bajo desde que existen registros comparables. Esta caída del 74% frente al promedio del primer semestre obedece a un factor estructural que ha sido ignorado durante años: la erosión regresiva del río Coca, que obligó al cierre del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Ambos sistemas transportan prácticamente toda la producción petrolera nacional, por lo que su paralización implicó que Ecuador no pudiera evacuar su crudo por más de tres semanas. A pesar de que se prevé su reactivación hacia finales de julio, el daño económico ya es irreversible.
Un impacto profundo en la economía nacional
La paralización petrolera ha tenido un impacto transversal: afectó las exportaciones, la refinación de derivados, la provisión de insumos industriales como el asfalto y el ingreso fiscal petrolero, que ya venía en declive.
Hasta mayo, los ingresos petroleros habían caído un 34% interanual, pasando de USD 530 millones a USD 348 millones. Según la ministra de Finanzas, Sariha Moya, la pérdida fiscal directa por esta crisis podría alcanzar entre USD 400 y 500 millones. Esto agrava un déficit acumulado de USD 1.255 millones hasta mayo, frente a un superávit el año anterior.
Una crisis que no es nueva, pero sí más grave
Julio de 2025 marca un punto de inflexión en la historia petrolera del país. Si bien ha habido disrupciones anteriores, como el paro nacional de 2019, la pandemia de 2020 o la erosión de 2021, ningún episodio anterior dejó a Ecuador con tan poca producción por tanto tiempo.
A diferencia de las crisis pasadas, la actual revela la fragilidad estructural del sistema petrolero. La erosión del río Coca ha sido documentada desde hace más de cinco años, y existen estudios que proponían reubicar los oleoductos en zonas más estables. Sin embargo, la falta de decisión política, planificación técnica y financiamiento postergó cualquier solución.
Un modelo petrolero agotado
La crisis no llega en un buen momento. Mientras las exportaciones no petroleras crecen y sostienen la balanza comercial, el petróleo —que sigue siendo clave para la caja fiscal— pierde terreno aceleradamente. El reciente desembolso del FMI de USD 600 millones ofrece alivio temporal, pero no soluciona el problema estructural.
Además, Ecuador enfrenta un futuro incierto con reservas petroleras en declive y sin una estrategia clara para una transición energética. La institucionalidad del sector ha sido debilitada por la rotación constante de autoridades y la falta de recursos para mantenimiento e inversión.
Conclusión: ¿La última advertencia?
La crisis de julio de 2025 es la más grave del siglo para el sector petrolero ecuatoriano. Y aunque su causa inmediata —la erosión del río Coca— era conocida y prevenible, las decisiones para evitarla nunca llegaron. Este colapso expone la urgencia de repensar el modelo energético nacional y modernizar su infraestructura.
Si Ecuador no toma medidas inmediatas y sostenidas para proteger su red de transporte de crudo, diversificar su economía y fortalecer su institucionalidad técnica, seguirá expuesto a crisis cíclicas con consecuencias devastadoras. El país enfrenta la disyuntiva de invertir ahora o seguir lamentando después.
