La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) identificó 387 puntos activos de minería ilegal en 16 de las 24 provincias de Ecuador, de los cuales 40 están controlados por grupos armados organizados, según reporta Primicias.
Las provincias más comprometidas son Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde se han detectado campamentos con presencia militar violenta, armas, explosivos y redes de apoyo local a estas actividades ilegales. En Napo, por ejemplo, en la zona de Punino se han denunciado 11 militares asesinados en mayo durante operativos contra minería ilegal.
ARCOM, con un presupuesto de USD 5,7 millones y 164 empleados, enfrentará un crecimiento significativo a partir de agosto de 2025. Se espera que al asumir la recaudación de la tasa de fiscalización minera alcance un presupuesto anual cercano a USD 200 millones.
El director Patricio Bonilla anunció que estos fondos permitirán la contratación de más personal (hasta 190 empleados), adquisición de camionetas blindadas, drones y equipos tecnológicos como espectrómetros, además de fortalecer oficinas distritales para intensificar fiscalización.
El incremento en la minería ilegal está íntimamente ligado a redes del crimen organizado, narcotráfico, explotación laboral e incluso trata de personas en zonas amazónicas. Organismos internacionales como la ONU han advertido sobre la colusión entre grupos armados y actores institucionales en esta red ilícita.
🔎 ¿Qué consecuencias trae?
- Riesgo de conflictos violentos, como emboscadas a militares y enfrentamientos armados.
- Destrucción del medio ambiente, con deforestación, contaminación con mercurio y sobreexplotación minera.
- Aumento de la impunidad y corrupción, con redes que financian esta minería desde concesiones legales y canales formales.
La ampliación del presupuesto de ARCOM representa una oportunidad para combatir la minería ilegal, pero también plantea dudas sobre la transparencia y eficacia de su uso.
