Fecha: 28 de octubre de 2025
Tras las severas jornadas de paralización que golpearon la economía del norte del país, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha puesto en marcha un paquete de medidas de alivio económico destinadas a las zonas más afectadas. La respuesta oficial se centra en dos ejes principales: un decreto de emergencia para el diferimiento de obligaciones bancarias y un plan integral de reactivación económica para las provincias de Imbabura, Carchi y cuatro localidades específicas de Pichincha.
Estas medidas buscan mitigar las pérdidas millonarias que sufrieron principalmente los sectores agrícola, ganadero, turístico y de transporte, los cuales vieron sus actividades completamente frenadas durante el epicentro de las protestas.
Decreto Presidencial: Un respiro financiero
La medida más inmediata y esperada por los ciudadanos y pequeños empresarios es el decreto ejecutivo firmado por el presidente Noboa, que habilita un mecanismo de alivio financiero. Este decreto no condona las deudas, pero sí ofrece un "diferimiento" o reprogramación de las cuotas de créditos con la banca pública y privada.
Según lo anunciado, los residentes y negocios en las provincias de Carchi, Imbabura y las cuatro localidades de Pichincha (presumiblemente Cayambe y Pedro Moncayo, entre otras zonas del norte) que puedan demostrar una afectación directa en sus ingresos a causa del paro, podrán acogerse a este beneficio.
El decreto instruye a las entidades financieras, incluyendo la banca pública como BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN), así como a la banca privada supervisada por la Asobanca, a establecer mesas de ayuda y crear productos financieros específicos. Estos productos permitirían a los deudores acceder a períodos de gracia, donde se pospondría el pago de capital e intereses por un tiempo determinado (generalmente de tres a seis meses), o a una reestructuración de la deuda total, extendiendo los plazos de pago para reducir el monto de las cuotas mensuales.
Para muchos pequeños agricultores que perdieron sus cosechas al no poder transportarlas, o para los negocios turísticos que reportaron un 100% de cancelaciones, este diferimiento es vital para evitar caer en la insolvencia y tener la liquidez necesaria para reiniciar sus operaciones.
Las cicatrices económicas del paro
La focalización de la ayuda en Carchi e Imbabura no es casual. Estas provincias, junto con el norte de Pichincha, fueron el corazón de las movilizaciones. El cierre de la arteria vial Panamericana (E35) durante días consecutivos estranguló el comercio binacional con Colombia y bloqueó la salida de productos clave para el mercado nacional.
Las pérdidas en el sector lácteo fueron cuantiosas, con miles de litros de leche que no pudieron ser recolectados ni procesados. El sector florícola, con alta concentración en Cayambe y Tabacundo (Pichincha), también reportó pérdidas significativas al no poder despachar sus productos a tiempo para la exportación.
En Imbabura, conocida como la "provincia de los lagos", el golpe al turismo fue total. Zonas como Otavalo, Cotacachi e Ibarra, que dependen de la visita de turistas nacionales y extranjeros, quedaron desiertas. Esta parálisis económica no solo afectó a los grandes empresarios, sino que golpeó directamente al empleo diario y a la economía familiar de artesanos, comerciantes y trabajadores del sector hotelero.
El Plan de Reactivación: Más allá del diferimiento
Paralelamente al alivio en las deudas, el Gobierno presentó un "Plan de Reactivación Económica" más amplio, que será ejecutado por varios ministerios, incluyendo el de Producción, Agricultura y Economía.
Este plan contempla la inyección de capital a través de líneas de crédito preferenciales. Se espera que BanEcuador y la CFN ofrezcan nuevos préstamos a tasas de interés bajas y con plazos extendidos, diseñados específicamente para capital de trabajo, permitiendo a los productores comprar semillas, insumos y recontratar personal.
Además, el plan incluye componentes de alivio tributario, como la posible flexibilización en los plazos de pago de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para los negocios de las zonas afectadas.
El Gobierno ha calificado estas acciones como un esfuerzo necesario para restaurar la normalidad y la confianza en regiones que son estratégicas para la producción y el comercio del país, buscando con ello no solo reparar el daño económico, sino también atender las causas subyacentes del descontento social.
